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- España necesita transicionar a un modelo de institucionalización con base en la comunidad y donde se garanticen los derechos y la participación infantil
- La estrategia estatal de desinstitucionalización que propone el Gobierno buscará un cambio hacia ese modelo “centrado en la persona”
España duplica la media mundial de niños y niñas viviendo en centros de atención residencial: 210 de cada 100.000 viven en este tipo de centros mientras que a nivel mundial son 105 por cada 100.000. Una cifra “preocupante” porque muestra que aún hay retos para garantizar el derecho de los niños y adolescentes a vivir en familia, incluidos aquellos con discapacidad, víctimas de violencia o migrantes no acompañados.
Durante décadas, la institucionalización fue vista como la mejor forma de cuidar a grupos vulnerables entre los que se encuentra la infancia. Pero cada vez más voces cuestionan el sistema actual. Hoy, nuestro país se enfrenta a una urgente transición: la que va desde un modelo de atención basado en entornos de institucionalización a un modelo de apoyos con base en la comunidad y dentro de las familias, con el enfoque de derechos de infancia y la participación infantil y adolescente como banderas.
Datos: en España hay…
34.632 niños, niñas y adolescentes en acogimiento, de los cuales:
16.177 se encuentran en acogimiento residencial.
18.455 en acogimiento familiar (diciembre de 2021).
1.219 centros de acogimiento residencial, la mayoría de titularidad pública, con un promedio de casi 13,7 niños/as en cada uno de ellos.
48.357 niños, niñas y adolescentes atendidos por el sistema de protección (diciembre de 2021).
Los niños y niñas que viven en instituciones…
El 64% son varones.
El 56% tienen entre 15 y 17 años -todavía hay un 6% de niños, niñas y adolescentes en centros de entre 0 y 6 años-.
Un 40,50% son de nacionalidad extranjera.
Un 9% tienen discapacidad (aunque entre 2020 y 2021 hubo un incremento de un 40,39% en los ingresos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en centros).
Cambio de modelo
¿Cómo abordar este cambio? El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está desarrollando una estrategia estatal de desinstitucionalización para abordar con garantías la transición del modelo de cuidados “institucionalizado” a otro centrado en la persona y su proyecto de vida, basado en el marco de los derechos humanos y desde un enfoque de desarrollo comunitario.
La estrategia estatal de desinstitucionalización del Ministerio buscará un modelo basado en el marco de los derechos humanos, con enfoque comunitario y centrado en el proyecto de vida de cada persona
En el estudio encargado a la Universidad Carlos III para respaldar esta estrategia, se analizan qué efectos tiene la institucionalización en las personas, tanto en residencias de niños y niñas como de mayores o de personas con discapacidad. Muchos de estos efectos son negativos: una menor calidad de vida, la pérdida de hábitos vitales y redes sociales debido al abandono del hogar y el deterioro profundo de la autonomía, que puede llegar a la despersonalización:
“Una de las principales consecuencias que tiene la institucionalización es la anulación de alternativas que provoca sensación de imposibilidad y de incapacidad. Para personas cuya identidad está muy vinculada a las instituciones, especialmente en el caso de los niños y niñas que crecen y se desarrollan dentro de centros residenciales, resulta muy complejo el ejercicio de imaginar otras formas de estar en el mundo, otras posibilidades y desde luego alternativas en las que sus deseos estén en el centro. La construcción de proyectos vitales siempre requiere de imaginación para poder especular con el futuro. La institución anula esta capacidad de imaginarse fuera de la misma”.
El informe de la Universidad Carlos III habla de la cultura institucional para referirse a un marco de comprensión de las instituciones y de las relaciones de cuidado que se enfrenta a la cultura de los derechos humanos. Se caracteriza por el asistencialismo y paternalismo y por aspectos como la aceptación del aislamiento de las personas, el acceso no personalizado a los servicios, la falta de toma de decisiones de la persona sobre su propia vida, la colocación de los intereses de la organización por encima de las necesidades de las personas y la relación asimétrica entre cuidadador/a y cuidado/a.
La cultura institucional contraria a la cultura de derechos humanos se caracteriza por el asistencialismo, la relación asimétrica entre cuidadador y cuidado y la falta de toma de decisiones de la persona sobre su propia vida
Según el mismo informe, aplicar un enfoque de derechos implica entre otros aspectos situar a las personas en el centro, reconocer su voz, abandonar el enfoque asistencial, promover la inclusión sobre la integración y garantizar el derecho al desarrollo personal y la autonomía en la elección de proyectos de vida. Por tanto, las instituciones basadas en los derechos tendrían como características:
- La no coerción en el ingreso a la institución.
- La oferta de apoyo personalizado y adaptado a las necesidades.
- Se facilita la participación y la inclusión.
- Se garantiza la privacidad, y la capacidad de elección y control de las personas con las que interactúa.
- Conectan a las personas con la comunidad, siendo la inclusión un principio director de éstas.
- Incorporan los cuidados como rasgo identitario que tiene que ver con la dignidad humana, con el libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, con el discurso de los derechos humanos.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General nº 5, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, insta al cierre de instituciones y la eliminación de las normas de institucionalización como parte de una estrategia integral, así como el establecimiento de una serie de “servicios de apoyo personalizados” y la formación de los profesionales de los servicios en el derecho a la vida independiente.
La desinstitucionalización es, en conclusión, el proceso que se produce cuando a una persona colocada en una institución basada en la cultura institucional se le da la oportunidad de convertirse en una ciudadana de pleno derecho y tomar el control de su vida.
Acogimiento residencial y participación
El informe recoge recomendaciones para hacer el tránsito al modelo basado en derechos. Entre ellas, medidas que permitan fortalecer los apoyos personales y comunitarios o las relaciones familiares como “el entorno en el que niñas, niños y adolescentes deben realizar su libre desarrollo de la personalidad”. Recomienda dejar de utilizar fondos públicos para la construcción y renovación de instituciones y asignarlos para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de apoyo comunitario inclusivo, así como la salida inmediata de las personas residentes de instituciones alejadas de los derechos. Pero también propone medidas en otros ámbitos, como las dirigidas a garantizar la vivienda digna.
Desde UNICEF España abogamos por un enfoque preventivo, apoyando a las familias biológicas para evitar en lo posible la separación familiar. También apostamos por el impulso al acogimiento familiar y el soporte a estas familias acogedoras. Y en el caso de las residencias, es importante la creación de entornos protectores donde se garantice la participación de los niños y niñas que residen en ellas, un enfoque que ya se está llevando a cabo en algunas experiencias de acogimiento residencial.
¿Cómo garantizar la participación de la infancia en acogimiento residencial?
Garantizar los derechos de los niños y niñas en residencias también pasa por escuchar sus voces, conocer sus necesidades y propuestas en los temas que les afectan. Una medida es que los consejos de participación infantil y adolescente incluyan a niños y niñas en que viven en este tipo de instituciones.
Un ejemplo es nuestro proyecto de prevención de la violencia desde lo local, que está también encaminado a contribuir a la estrategia de desinstitucionalización, previniendo la violencia. En él han participado niños y niñas de residencias a la hora de hacer el diagnóstico de qué entiende la infancia por espacios seguros.
Finalmente, es necesario garantizar la participación de los chicos y chicas en los propios entornos residenciales donde residen, como están avanzando desde la Generalitat Valenciana, o a partir de las experiencias prácticas que conocimos en Tenerife, Valencia y Asturias: “Cuantos más espacios de participación infantil se generen, más interconexión se va a producir entre ellos y más enriquecimiento”.
