- Conoce seis propuestas en materia de vivienda que pueden implementar las entidades locales para reducir la pobreza y exclusión en el marco de la Garantía Infantil Europea
La infancia es el colectivo con mayor riesgo de pobreza en España, y un elemento que contribuye a erradicarla es garantizar su acceso a la vivienda. Contar con un hogar adecuado contribuye a mejorar salud de los niños y niñas, a crear entornos educativos seguros, a reducir la desigualdad de género, a aumentar el acceso a los servicios básicos y, en última instancia, a construir comunidades más sostenibles.
Estas son algunas conclusiones del informe ‘Children, cities and housing, rights and priorities’, publicado por UNICEF y ONU Habitat en mayo de 2022, que analiza los desafíos que enfrentan los niños y niñas en áreas urbanas (incluyendo los asentamientos informales y barrios marginales, que albergan entre 350 y 500 millones de niños en todo el mundo).
La infancia requiere un nivel de vida y una vivienda adecuados para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Sin acceso a una vivienda, “los derechos garantizados a los niños en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño no se pueden realizar ni asegurar, y no se pueden alcanzar las metas establecidas por los ODS y la Nueva Agenda Urbana”, advierte el texto.
La vivienda en la ciudad
Acceder a una buena vivienda se he convertido en uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la infancia en las zonas urbanas. Madrid es un ejemplo. El 48% de los niños y niñas madrileños viven en hogares con dificultades y el 8,7% sufren pobreza severa, según un reciente estudio de UNICEF Comité Madrid. Una de las propuestas prioritarias para avanzar en el cumplimiento de los ODS 1 y 10 en la capital, según el informe, es precisamente la mejora del acceso a una vivienda digna, por tratarse de un factor clave contra la exclusión social y la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Sin embargo, las dificultades de acceso a un hogar en ciudades como Madrid ya eran evidentes antes de la pandemia, debido a la combinación de altos costes de acceso a la vivienda y salarios insuficientes.
Esta realidad afecta especialmente a los jóvenes que se plantean emanciparse y a los hogares con niños y niñas. Según el VIII Informe FOESSA (2019), existe un mayor riesgo de exclusión residencial de los hogares monoparentales: en torno al 30% tiene gastos excesivos de vivienda y un 25% no dispone de dinero suficiente para hacer frente a sus costes.
Propuestas a nivel local
¿Qué pueden hacer los municipios? Si bien la competencia directa en materia de vivienda en España la asumen las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las entidades locales tienen un amplio abanico de acciones.
Al ser la administración más cercana a la población y la infancia, los municipios pueden intervenir para identificar y atender a las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión residencial, negociar con las identidades bancarias para paralizar desahucios y encontrar alternativas habitacionales para las familias que pierden el hogar, entre otras acciones.
La Garantía Infantil Europea, herramienta de la Unión Europea para romper con el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza, actúa para garantizar los servicios básicos a todo niño o niña en cinco áreas. Una de ellas es, precisamente, la de vivienda. Por eso, dentro de nuestras recomendaciones para implantar con éxito la Garantía Infantil Europea a nivel local, incluimos un apartado de recomendaciones en materia de vivienda.
Entre las políticas que se implementan desde las entidades locales, la gran mayoría consisten en distintos mecanismos (programas de vivienda de alquiler social y reubicación en asentamientos urbanos, refugios de emergencia ) para proteger a las familias con bajos ingresos o víctimas de otras problemáticas que se encuentran en situación de exclusión residencial.
El objetivo de estas medidas es garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española) a toda la ciudadanía.
Esto es lo que ya están haciendo algunos municipios:
El informe aporta seis propuestas de políticas y programas que puede implementar la administración local para contribuir a reducir la pobreza infantil en materia de vivienda, desde el ámbito de la gobernanza y participación.
Dentro de las seis propuestas incluye además los factores de éxito, los principales obstáculos y también ejemplos de buenas prácticas que ya están llevando a cabo entidades locales en el país.
1. Programas de vivienda de alquiler social
Ejemplo de buenas prácticas: El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva a cabo la construcción de 44 viviendas de protección pública durante el periodo 2019-2021 para las familias en situación de vulnerabilidad con niños, niñas y adolescentes a cargo.
2. Acogida en refugios de emergencia social y realojamiento
Ejemplo de buenas prácticas: La Diputación de Sevilla realiza sesiones de mediación y colaboración con las familias que no están abonando la cuota de alquiler social para regularizar su situación y evitar expedientes de desahucios, a través de un equipo de mediación social.
3. Gestión de ayudas económicas para una vivienda digna y adecuada
Ejemplo de buenas prácticas: Mancomunación de la oficina comarcal de vivienda de la Ribera Alta (Comunidad Valenciana) que pretende compartir estrategias entre distintas administraciones, incorporar a nuevos actores en el ámbito local y conseguir una coordinación interadministrativa.
4. Atención a los niños, niñas y adolescentes que viven en centros residenciales
Ejemplo de buenas prácticas: Programa de emancipación de jóvenes tutelados, implementado y financiado por el Ayuntamiento de Alzira (Comunidad Valenciana). En colaboración con una asociación de familias acogedoras, acompañan la transición vital de niños, niñas y adolescentes provenientes del sistema de protección infantil para conseguir vivienda, tutorización y explorar posibilidades de inserción laboral.
5. Atención a los niños, niñas y adolescentes que viven en asentamientos informales
Ejemplo de buenas prácticas: Programa para la integración de niños, niñas y adolescentes de origen rumano y de etnia gitana en exclusión social y residentes en infraviviendas del Ayuntamiento de Córdoba. Recurso para el acompañamiento, mediación, seguimiento y traducción de las familias y de los distintos recursos municipales que requieran, a través de la intervención social de calle y el seguimiento educativo.
6. Medidas contra la pobreza energética
Ejemplo de buenas prácticas: El Ayuntamiento de Barcelona convoca ayudas a la rehabilitación de la vivienda, y cuenta con distintos puntos de asesoramiento energético distribuidos por la ciudad que ofrecen la información, atención e intervención necesarias para que las personas puedan ejercer sus derechos energéticos y las compañías no les nieguen el acceso a los suministros básicos.
