- La falta de transparencia de la información en el sistema de protección en España hace imposible averiguar con cuántos niños, niñas y adolescentes se está interviniendo a nivel municipal, según un informe de Aldeas Infantiles SOS
- Las Ciudades Amigas de la Infancia, sin embargo, “incorporan mucho más claramente el Enfoque de Derechos del Niño” y tienen una mejor “sistematización y accesibilidad a la información”
Contar con datos sobre la situación de la infancia en riesgo es crucial a la hora de intervenir en casos de violencia o desprotección de niños y niñas de la forma más eficaz posible. Sin embargo, esos datos no siempre existen o son accesibles. Con el informe Llegar a tiempo. Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en España de Aldeas Infantiles SOS, la organización ha intentado estimar el número de declaraciones de desamparo en España, averiguar los motivos de alta y cese de dichas declaraciones e identificar los recursos disponibles para la intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en los municipios. Un objetivo que no ha sido fácil: la publicación alerta de que existen pocos datos oficiales sobre la infancia en riesgo de pobreza y exclusión social y sobre los presupuestos dedicados a atenderla, y que la falta de transparencia de la información en el sistema de protección en España hace que sea imposible averiguar con cuántos niños, niñas y adolescentes se está interviniendo a nivel municipal.
Como parte positiva, el informe destaca a las ciudades del programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF como un ejemplo de municipios que cuentan con una mejor “sistematización y accesibilidad a la información”, algo imprescindible para evitar que las situaciones de riesgo de los niños y niñas deriven en desamparo.
¿Qué quiere decir que un niño o niña está en situación de riesgo?
Desde un enfoque de derechos de infancia, “riesgo” supone, por un lado, la posibilidad de daño en el desarrollo del niño, niña o adolescente y su imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos, así como la falta de un entorno de seguridad afectivo para su crecimiento. Esta situación puede darse por incapacidad de las familias de ejercer su rol protector pero también por dificultades sociales sobrevenidas (pérdida de red de apoyo, situación de exclusión social o dificultades económicas, entre otras) o por condiciones estructurales que los sitúen en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, la protección de la infancia no implica solo eliminar cualquier forma de violencia: también garantizar las condiciones que permitan al niño, niña o adolescente desarrollar todas sus potencialidades y el pleno ejercicio de sus derechos.
“La condición de riesgo se genera cuando, por diversas razones, las familias, la comunidad o las instituciones fallan en esa tarea, y la crisis sanitaria ha evidenciado la debilidad del sistema, y no solo en nuestro país”, indica el informe. Efectivamente, antes de la emergencia, en España más de uno de cada tres niños vivían en situación de pobreza y exclusión social; ahora, si no se toman medidas, la actual crisis sanitaria por COVID-19 empeorará esta situación. La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la COVID-19 del Congreso de los Diputados ha afirmado que los efectos de la pandemia serán especialmente dañinos para los niños y niñas tutelados, refugiados y víctimas de abusos y violencia. Los confinamientos debidos a la crisis sanitaria han hecho que aumente la violencia contra los niños y niñas, algo que va ligado a la pérdida de sistemas de apoyo que les servían para pedir ayuda, y se ha acentuado la brecha digital, impidiendo que muchos alumnos y alumnas puedan seguir las clases y ejercer su derecho a la educación plenamente.
Un sistema de recogida de datos insuficiente
El informe alerta de la escasez de datos oficiales sobre la infancia en riesgo y sobre los presupuestos dedicados a atenderla, y concluye que el sistema de protección adolece de escasa transparencia y sistematización en la información. Esta falta de transparencia hace que sea imposible averiguar con cuántos niños, niñas y adolescentes se está interviniendo a nivel municipal. De hecho, una tercera parte de los municipios preguntados no proporcionaron el dato de cuántos niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo había en su municipio, y solo algo más de la mitad de los municipios que pudieron proporcionar los datos los dieron desagregados por sexo, edad o nacionalidad. 19 de los 150 municipios ofrecieron el dato de cuántos niños, niñas y adolescentes con los que están interviniendo en situación de riesgo han acabado en desamparo.
Otros problemas que señalan los autores del informe son la escasa estandarización de los criterios técnicos, que deja en muchos casos la valoración técnica dependiendo del criterio individual del profesional, o que la intervención varía mucho dependiendo del municipio. Para el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, “no existe una continuidad en la intervención con niños y niñas en situación de riesgo, y las estructuras de trabajo en red que la hacen posible son minoritarias. Esto, unido a la poca sistematización de los datos, hace que sea muy difícil seguir el itinerario de un niño por los diferentes recursos y niveles del sistema de protección”.
La protección de los niños y niñas en riesgo en las Ciudades Amigas de la Infancia
Sin embargo, el informe ha destacado el ejemplo positivo de las Ciudades Amigas de la Infancia:
“Se encontró una diferencia significativa entre los 150 municipios seleccionados para la muestra, tanto en la intervención que realizan, ya que incorporan mucho más claramente el Enfoque de Derechos del Niño, como en la sistematización y accesibilidad a la información, en aquellos municipios que forman parte del programa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF España”.
Desde Ciudades Amigas de la Infancia tenemos en cuenta que contar con datos de la situación de la infancia es crucial para medir de la forma más eficaz posible cuál es la realidad de los niños, niñas y adolescentes, además de un mandato derivado de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, en 2019 se diseñó una bateria de indicadores de infancia a nivel local a fin de apoyar a los municipios en esta tarea. Esta batería está a disposición de todos los gobiernos locales que forman parte de la iniciativa, y sirve de recurso para realizar análisis o diagnósticos de la situación de la infancia, así como para contar con un sistema de seguimiento objetivo de los logros que van alcanzando los municipios con la implementación de sus políticas asociadas a los planes de infancia y adolescencia.
A pesar de la pandemia y las medidas de cuarentena, muchos municipios y gobiernos locales del programa Ciudades Amigas de la Infancia han dado prioridad a la protección de los niños, niñas, adolescentes y sus familias y han tratado de minimizar los impactos de la crisis económica y social originada por la pandemia. Algunas medidas contra la violencia infantil han sido la puesta en marcha de mecanismos de protección para la infancia como teléfonos, buzones digitales u otros canales de acceso directo, donde los niños o niñas que sufren violencia o abuso en sus hogares pudieran pedir ayuda: una de las ideas que, desde UNICEF España, incluimos en las oportunidades de acción para gobiernos locales para, entre otras cosas, proteger a la infancia durante la pandemia.
En muchos municipios, los programas de protección, aun en situaciones de excepcionalidad, no se han paralizado sino que han tenido que adaptarse y la intervención directa a la infancia y adolescencia se está realizando usando las tecnologías disponibles.
¿Qué pueden hacer los municipios? El informe de Aldeas Infantiles SOS ofrece varias medidas para llegar a tiempo de evitar que las situaciones de riesgo deriven en desamparo. Entre ellas, incrementar los presupuestos de infancia y adolescencia para garantizar la puesta en práctica de los mecanismos dispuestos en la ley; garantizar una atención de calidad a las familias en situación de riesgo desarrollando itinerarios de protección individualizados, o desarrollar procesos de sistematización de la información del Sistema de Protección para todo el territorio nacional También proponen cambiar la forma que el sistema tiene de ver a las familias (con una mirada evaluadora y poco recuperadora, culpabilizadora) por el acompañamiento, la prevención primaria y la responsabilidad compartida por toda la comunidad.
