“Un caso de violencia contra un niño o niña es un problema de toda la comunidad”

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• El experto Ángel Parreño explica cómo diseñar un itinerario de gestión de casos de violencia contra la infancia poniendo a los niños y niñas en el centro

Trabajar para evitar la violencia contra la infancia supone abordar un fenómeno muy complejo. Los profesionales que trabajan en su prevención, detección y abordaje necesitan marcos conceptuales comunes y vías de actuación para la toma de decisiones.

En el marco de nuestro proyecto de protección desde lo local, el experto Ángel Parreño, Codirector de la Cátedra de Inclusión Social de la Universidad de Málaga, ha compartido una serie de propuestas y conclusiones para diseñar un itinerario de gestión de casos de violencia contra la infancia poniendo a los niños y niñas en el centro.

Sus propuestas parten de su propia experiencia a bordo de varios proyectos de investigación y desarrollo en el marco de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI), en cuyo borrador participó como Director General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre 2019 y 2020.

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El modelo que propone tiene tres factores, empezando por un factor de enfoque comunitario como sugiere la LOPIVI: “La ley apuesta por la integralidad y globalidad en abordaje de los problemas y necesidades de los niños, niñas y adolescentes; también, por la sensibilización y prevención primaria, que implica actuar sobre la comunidad, y plantea como imprescindible la participación de los niños, niñas y adolescentes”, explica. “Esto exige un enfoque comunitario. La ley supone responsabilidades para todos: ciudadanos, administraciones y profesionales”.

Otro factor es el de complejidad: abordar la violencia sobre la infancia requiere estrategias interdisciplinares (médicos, educadores, psicólogos, policías, trabajadores sociales…), intersectoriales (urbanismo, cultura, salud, educación, ocio…) y transversales (protección, intervención, detección precoz, prevención y sensibilización). “Implica la participación de múltiples actores públicos y privados en el abordaje”.

El tercer factor que condiciona el modelo es el de la proximidad: “La administración local es el ámbito más cercano y por tanto más apropiado para la actuación de estas características”, dice el experto: tanto para prevenir y detectar de forma temprana como para poder garantizar la participación, buen trato y entorno seguro.

Notificar y comunicar

Parreño recuerda que, ante cualquier sospecha de un caso de violencia contra la infancia, las administraciones responsables están obligadas a establecer los mecanismos y protocolos de comunicación. “La ley dice que todas las personas quedamos obligadas a comunicar cualquier situación de violencia contra la infancia”, dice. “Y especialmente el personal de los centros sanitarios, escolares, de deporte y ocio, de protección a la infancia, etc.”; es lo que la ley llama el deber cualificado.

Sin embargo, advierte de que existen motivos por los que puede llegarse a eludir la notificación: la falta de información (por ejemplo, no tienen claro qué es el abuso o no conocer los pasos); la falta de estructuras de detección, prevención e intervención; no confiar en la palabra del niño o niña, o en la eficacia del sistema judicial, etc.

Sin embargo, insiste: “Tenemos responsabilidad, que se nos puede pedir por vía judicial, si hemos conocido una situación y no la hemos comunicado”.

Fase de detección

La fase de detección es aquella en la que no existe aún confirmación, solo sospecha. Tanto los profesionales como la estructura local de prevención o los servicios sociales tienen determinadas tareas en estos momentos cruciales:

• Profesional

Puede suceder que existan indicadores físicos o comportamentales (desde señales físicas de violencia en el niño o niña hasta explicaciones extrañas, pérdida de concentración o cambios bruscos en el rendimiento, etc.). En estos casos, el profesional debe, entre otras acciones, observar estos indicadores y su acumulación, recogerlos en un soporte estandarizado, no intervenir directamente con el niño o niña, comunicar la sospecha al delegado de protección (que Parreño propone que exista en cada uno de los espacios, servicios o recursos para la infancia, más allá del ámbito educativo y deportivo como se recoge en la LOPIVI) y valorar la pertinencia de la comunicación a la atención primaria de servicios sociales.

En el caso de indicadores en relación con la familia del menor (el niño o niña evita ir a casa, muestra miedo a sus padres, no quiere hablar de la familia, expresa que no hay nadie que le cuide, etc.), lo debe comunicar a la atención primaria de servicios sociales y observar a los hermanos del mismo ámbito.

Si hay constatación de desprotección (es decir, que ya no hay solo sospecha), se debe hacer una notificación a atención primaria de servicios sociales y comunicación a los padres.

• La estructura local de prevención

Entre sus tareas está elaborar soportes estandarizados de observación, fijar el tiempo máximo de observación, establecer indicadores y graduación de gravedad o urgencia y establecer pautas para la comunicación a los padres.

• Servicios sociales

Si hay comunicación, debe constatar antecedentes de atención a la unidad familiar, recabar datos en otros entornos, valorar si se puede hacer una entrevista a la familia y apoyar al comunicador.

Fase de intervención

En esta fase final de intervención, el experto también propone un reparto de tareas para cada uno de los actores:

• Atención de Servicios Sociales: Deben informar a la familia de la obligación de interponer denuncia y acordar el plan de intervención familiar con protección de menores. Trasladar el plan de intervención acordado a estructura local de intervención. Coordinar la aplicación de recursos. Hacer seguimiento. Etc.

• Estructura local de intervención: Debe establecer pautas básicas con los planes de intervención y prevención del centro y hacer seguimiento del plan, entre otros.
• Centro o recurso: El delegado de protección del centro debe diseñar un plan de intervención y prevención secundaria, integrado con el plan de protección familiar.
• Familias protectoras: Es necesario que sean conscientes de que deben interponer denuncia.
• Servicios Sociales de protección al menor: Sus tareas son procesar las notificaciones, establecer medidas cautelares, determinar medidas de protección, designar al profesional referente para la familia, etc.

Actuaciones tras la detección

Por último, constatados los hechos, los responsables del centro o recurso deben iniciar el diseño de un plan de intervención en el centro. Para ello constituirán un grupo de trabajo o comisión, propone Parreño: “Así están actuando en Castilla-La Mancha en los protocolos que tiene dictados educación y me parece una orientación positiva. Se crea un equipo para tratar del caso”.

Este plan de intervención incluye medidas dirigidas a:

• El niño, niña o adolescente objeto de la violencia: medidas de apoyo y protección, apoyo psicosocial.
• El niño o niña sujeto de la violencia, el que ha ejercido: medidas disciplinarias que eviten que vuelva a suceder. Si es menor de edad, medidas reeducadoras.
• El comunicante: para garantizar su anonimato, para el seguimiento de las actuaciones.
• El resto de niños o niñas. “La situación de violencia no se produce en una burbuja, sino en un entorno en el que se comparten horas, tiempo actitudes, mensajes…”, explica Parreño. “Quien tiene un problema no es del niño, sino la comunidad. Hay que hacer algo con los compañeros, incluso con los que no han agredido. El centro debe elaborar medidas de adaptación de las medidas de prevención primaria y secundaria (programas de habilidades de comunicación y empatía, de apoyo entre compañeros…). La violencia está en el ADN de nuestras sociedades y si se ha producido, se volverá a producir”.
• Padres y madres: orientación sobre cómo ayudar a sus hijos, tanto objeto como sujeto de violencia, etc.
• Profesionales del centro: orientación sobre indicadores de detección e intervención, desarrollo de habilidades socioemocionales, pautas para manejar situaciones que alteren la convivencia, etc.

El taller completo de Ángel Parreño aquí:

Primera parte

Segunda parte

*Las opiniones contenidas por las personas formadoras en sus sesiones no reflejan necesariamente las opiniones de UNICEF España