Prestaciones locales, la mejor herramienta contra la la exclusión social en la infancia

 

• Analizamos las barreras, buenas prácticas y el papel esencial de los gobiernos locales: “Los municipios son un engranaje que permite que este sistema funcione”

 

En España, la pobreza se reduce, pero no para la infancia. El 28,4% de los niños, niñas y adolescentes sufre pobreza monetaria y el 33,8% está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta realidad persiste incluso en periodos de crecimiento económico, lo que pone de manifiesto que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un problema estructural.

Así lo explica Elena Costas, de KSNET, quien señala que, mientras la evidencia dice que las prestaciones sociales son la mejor herramienta para aliviar la pobreza infantil, “España es el último país de Europa cuyas prestaciones sociales sacan a los niños y niñas de la pobreza. En otros rangos de edad sí nos acercamos a la media europea”. Según Costas, esto se debe principalmente a dos factores: por un lado, el bajo nivel de inversión pública en políticas dirigidas a la infancia, y por otro, que “nuestras prestaciones sociales están diseñadas de una manera que hacen que la infancia no se vea beneficiada”.

 

Aunque la evidencia dice que las prestaciones sociales son la mejor herramienta para aliviar la pobreza infantil, “en España están diseñadas de una manera que hacen que la infancia no se vea beneficiada”, dice Elena Costas

 

Esas conclusiones se enmarcan en el nuevo estudio ‘Prestaciones locales eficaces en la lucha contra la pobreza infantil’, de UNICEF España elaborado con KSNET y presentado el 9 de marzo, analiza las prestaciones específicas para la infancia (tanto las vinculadas a costes directos de la crianza -gastos educativos, comedor, etc.- como las ayudas con impacto en la infancia, como aquellas dirigidas a la pobreza energética o alquiler).

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el papel clave que desempeñan las entidades locales. Los ayuntamientos y servicios sociales municipales actúan como la principal puerta de entrada para las familias que necesitan acceder a estas ayudas. De hecho, el 90% de los municipios participa en la gestión de prestaciones estatales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), y el 89% interviene en la gestión o derivación hacia las rentas mínimas autonómicas.

“Gran parte de la solicitud de esta ayuda depende de los servicios sociales no porque les corresponda sino porque son quienes conocen a las familias, identifican las necesidades y quienes las acompañan a lo largo del proceso”, analiza Costas. Por tanto, “sin este nivel de gobierno, muchos derechos formales no se traducirían en un acceso real. Los municipios son un engranaje que permite que este sistema funcione”.

 

Barreras y estigma

 

El informe también analiza qué está pasando para que muchas de estas ayudas no lleguen a las familias. Estas barreras aparecen en las tres fases (al conocer, solicitar y recibir una prestación) y pueden partir del propio diseño de las prestaciones, cuando carecen de enfoque de infancia o están concebidas como ayudas de urgencia y como respuesta a algo puntual, sin considerar que la mayor parte de pobreza infantil es cronificada.

Existen otras barreras en la gestión de la ayuda, como la necesidad de documentación, las barreras informativas y digitales o las demoras y silencios administrativos. Además, la falta de financiación o la sobrecarga de servicios sociales son obstáculos añadidos.

 

“Igual que no es estigmatizante ir al centro de salud, el papel de los servicios sociales tiene que ser puesto en valor: es la administración pública ofreciendo servicios y acompañamiento a la ciudadanía”, dice Carlos Chana

 

También hay un estigma asociado con la ayuda. Carlos Chana, responsable de infancia y juventud del área de inclusión social de la Cruz Roja Española, describe este fenómeno como un “doble estigma”. Por un lado, el que supone acudir a una institución pública para pedir ayuda y reconocerse como persona necesitada; por otro, el impacto emocional que genera enfrentarse a la complejidad administrativa y a la sensación de incapacidad para completar los trámites.

“El sistema público de servicios sociales fue creado como nivel de la administración que está cercano a la ciudadanía para que esta sea acompañada en las situaciones de dificultad”, añade. “Por eso, hay que romper la concepción de los servicios sociales como lugar al que se va a pedir. Hay que actuar desde lo preventivo y lo comunitario. Igual que no es estigmatizante ir al centro de salud, creemos que el papel de los servicios sociales tiene que ser puesto en valor desde la concepción: es la administración pública ofreciendo servicios y acompañamiento a la ciudadanía”.

 

El efecto de la ley general de subvenciones

 

Otra de las barreras señaladas en el informe tiene que ver con el marco jurídico que regula muchas de las prestaciones a nivel local. En muchos casos, estas ayudas están clasificadas como subvenciones, lo que implica que no son derechos exigibles y que dependen de la disponibilidad presupuestaria.

Ángel Parreño, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, critica que a estas prestaciones se les siga dando la condición de procedimiento administrativo: “Cuando un trabajador social prescribe una prestación económica, se ve sometido a la valoración de los órganos económicos del ayuntamiento u otros órganos administrativos”, explica. Eso hace que los interventores puedan negarse a admitir el criterio de los trabajadores sociales: “Si la familia tiene una deuda de cualquier tipo, no ha cumplido las obligaciones fiscales, sencillamente se le puede denegar la prestación que han prescrito los servicios sociales”, algo que considera “una falta de respeto al criterio profesional, y una intromisión en los criterios profesionales que orientan estas prescripciones”.

Eso supone que no se cumplan los plazos, que haya demoras incluso en situaciones de emergencias o que se acaben los fondos disponibles para estas ayudas al no tener carácter de fondos ampliables. Por eso, desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llevan años pidiendo que se modifique la ley general de subvenciones.

 

El ejemplo de Murcia

 

El informe también recoge ejemplos de buenas prácticas a nivel municipal. Algunos municipios cuentan con normativa reguladora de las ayudas como prestaciones y no subvenciones. Un ejemplo lo encontramos en Murcia, cuyo ayuntamiento elaboró en 2019, de la mano del primer plan de infancia, una instrucción municipal para la tramitación de ayudas específicas para la infancia. Esta iniciativa permitió crear ayudas socioeducativas dirigidas a cubrir necesidades como el comedor escolar, la conciliación, la escolarización temprana o situaciones especiales.

Lo diferenciador de este caso es que las ayudas “se tramitan de oficio según la valoración que hace el profesional de referencia, en este caso educador social, casi siempre en el marco de una intervención socioeducativa, y tienen un carácter inmediato. Eso permite resolver la situación de necesidad en el momento que se plantea”, explica María Dolores Martínez, responsable del Área de infancia y adolescencia de la Concejalía de Bienestar social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia.

Estas ayudas no están sujetas a plazos, no son incompatibles con otras prestaciones salvo las de la misma naturaleza, su procedimiento es sencillo y con documentación muy básica y, si el profesional lo valora, se cubren el servicio completo. Además, son inmediatas, algo que “genera un impacto muy positivo porque se da respuesta en el momento que se necesita”, dice Martínez. Esos aspectos logran generar unos mecanismos de estabilidad en el tiempo, y les permiten salvar barreras como los tiempos de espera, el silencio administrativo o la brecha digital. “Hemos construido una fórmula que tiene un impacto positivo en los niños y niñas del municipio”.

 

“Hemos construido una fórmula que tiene un impacto positivo en los niños y niñas del municipio”, dice María Dolores Martínez, del ayuntamiento de Murcia

 

Para Parreño, “ejemplos como el de Murcia son el camino. Los servicios sociales debemos aspirar a manejarnos con ordenanzas municipales donde se recojan derechos de los ciudadanos a determinados tipos de prestaciones, entre ellas las prestaciones de servicios sociales. Los ayuntamientos tienen la capacidad de legislar a su nivel y dentro de los márgenes que marca la legislación. Tener reconocidas a nivel de ordenanza municipal las prestaciones, entre ellas las económicas sería un primer paso”.

 

Recomendaciones 

 

El informe incluye también ocho recomendaciones para mejorar el impacto de las prestaciones en la infancia, que ha presentado Lara Contreras, de UNICEF España:

1. Deben estar orientadas a derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes, evitando narrativas basadas en contrapartidas fiscales: “Las ayudas deben llegar a todos los niños y niñas. Esto reduce el estigma. Si el apoyo local a la crianza permanece estable en el tiempo, las familias las considerarán como ayudas a las que tienen derecho, no como algo que solicitan por su situación de vulnerabilidad puntual”, dice Contreras.
2. Estar adaptadas a los hábitos de información de las familias. Por ejemplo, combinar comunicación digital (web municipal, redes, apps escolares) y presencial (servicios sociales, escuelas, AMPAS, centros de salud).
3. Ser accesibles y comprensibles, con un lenguaje alejado de tecnicismos; centralizadas, de forma que facilite la identificación y comprensión de las prestaciones disponibles, sus requisitos y los pasos a seguir.
4. Ser inclusivas y garantistas, que reflejen de forma más fiel el coste real de la vida y la diversidad de configuraciones familiares. 
5. Que las familias estén acompañadas profesionalmente durante el proceso.
6. Ser eficaces ante situaciones de urgencia, con mecanismos que permitan dar una respuesta rápida.
7. Ser estables y homogéneas, respaldada por una financiación suficiente y sostenida que evite desigualdades territoriales y la dependencia de decisiones políticas coyunturales.
8.  Estar coordinadas institucionalmente con una gobernanza que asegure la coherencia entre administraciones.

Contreras destaca la necesidad de un enfoque de derechos de infancia: “Estas prestaciones tienen que poner al niño y a la niña en el centro, estar orientadas a sus derechos, estar adecuadamente financiadas y ser estables en el tiempo. Tienen que ayudar a la crianza facilitando la información, reduciendo la burocracia y mejorando la coordinación entre instituciones”.

 

Recursos: 

• Estudio ‘Prestaciones locales eficaces en la lucha contra la pobreza infantil’
• Instrucción de prestaciones de infancia del Ayuntamiento de Murcia