- El experto Ángel Parreño comparte unas propuestas para diseñar un itinerario de gestión de casos de violencia a nivel local y con enfoque comunitario
Prevenir la violencia contra la infancia y adolescencia es cosa de todos y todas en nuestros municipios. Pero ¿sabemos cómo actuar ante una situación de riesgo? ¿Conocemos los pasos que debemos dar, qué protocolos seguir o a quién acudir?
Los profesionales que trabajan con los niños y niñas en el ámbito local deben contar con herramientas para la detección temprana de casos de violencia, y conocer y aplicar itinerarios de actuación. Ángel Parreño, Codirector de la Cátedra de Inclusión Social de la Universidad de Málaga, comparte unas propuestas para diseñar un itinerario de gestión de casos de violencia contra la infancia con un enfoque comunitario y poniendo a los niños y niñas en el centro.
La grabación completa del seminario:
Obligaciones de la LOPIVI y quiénes las tienen
Parreño, que participó en el borrador de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI), explica qué obligaciones adjudica esta ley a las administraciones. Todas, incluyendo las administraciones locales, están obligadas a desarrollar acciones y programas de sensibilización, como prevenir la radicalización, o formación de los profesionales en detección precoz de la violencia, entre otros.
“En el caso de las administraciones locales, lo lógico es hacerlo a través de planes integrales a nivel local”, dice.
Es algo que concierne a todos los servicios locales donde se pueda dar la presencia de infancia y adolescencia; sobre todo, los servicios sociales, recursos educativos, culturales y deportivos o la policía local; y, a nivel local, servicios sanitarios públicos, centros educativos y cuerpos y fuerzas de seguridad.
10 necesidades para cumplir con la ley
Ángel Parreño comparte diez propuestas, dirigidas a profesionales, para diseñar un itinerario de gestión de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
1. Abordar el trabajo desde un enfoque comunitario
El enfoque comunitario es esencial para abordar “un problema tan complejo, con tantos perfiles, responsabilidades y necesidades. No se puede abordar exclusivamente desde un sistema como el de los servicios sociales”, dice.
Parreño plantea un cambio de paradigma social respecto a la infancia: apuesta por la sensibilización, así como la participación infantil, especialmente en el diseño y funcionamiento de los dispositivos que se pongan en marcha.
2. Contar con equipos en las concejalías de infancia
El coordinador general tendría funciones de coordinar a los delegados y responsables de bienestar de las diferentes áreas municipales y el sistema educativo, difundir y aplicar los protocolos, promover los planes locales de prevención, entre otras.
En este aspecto, Parreño destaca el trabajo realizado desde UNICEF España y las Ciudades Amigas de la Infancia:
“Me parece destacable el éxito que supone que en un buen número de ciudades ya existan planes estratégicos de infancia. Y no solo eso: la red de Ciudades Amigas ha ido creando la conciencia en los responsables locales y municipales de la necesidad de profesional dedicado a la infancia”.
3. Generalizar las figuras de protección en al menos cuatro ámbitos
La figura del delegado de protección debe existir no solo en los ámbitos educativo y deportivo, sino también en el ámbito de la policía local y servicios sociales. Entre sus funciones estaría promover planes de formación sobre prevención, coordinar los servicios sociales, informar a las autoridades de indicios de violencia o actuar como referente ante los casos de violencia.
4. Integrar la planificación estratégica del plan de infancia en el plan ciudad
“Os planteo que no trabajemos colgados del aire”, dice Parreño. “El trabajo en infancia y adolescencia debe estar estructurado en un plan integral, colectivo, y ese plan debe estar conectado con las orientaciones que determinen los equipos de gobierno de cada lugar. Si no lo hacemos así, la intervención con infancia seguirá siendo una isla propia de los servicios sociales”.
¿Cómo integrar la planificación de estrategia de infancia en el plan de la ciudad? “Como han venido mostrando las Ciudades Amigas de la Infancia, los planes de infancia se confeccionan a partir de las aportaciones de las diferentes áreas municipales: sanidad, servicios sociales, deportes, cultura, hacienda, etc. Todas deben tener un planteamiento estratégico respecto a ese colectivo”.
Propone una estructura para el plan de infancia y adolescencia que cuenta con varios ejes. “Estos ejes novedosos plantearán proyectos novedosos. Por ejemplo, el eje de familia planteará un programa de apoyo a familias. El eje de vida segura, programas de prevención a la violencia, y otros que puedan surgir para garantizar los entornos seguros”.
5. Organizar y coordinar los equipos locales desde los equipos municipales
Esta propuesta incluye una estructura de coordinación que tiene como centro a la concejalía de infancia (por tanto, al coordinador local de infancia), que se encarga de coordinar todas las áreas. Cada área tendría un equipo específico especializado en infancia, como se ve en el gráfico:
6. Integrar los equipos locales de atención a mujeres víctimas de violencia
“Se trata de ver de qué forma esa violencia está significando violencia para los niños y cómo se puede prevenir”, explica el experto. Entre sus funciones estaría la coordinación permanente de los servicios sociales, el seguimiento de casos de violencia, la sensibilización de la infancia para identificación de la violencia de género o programas de prevención.
7. Incorporar la figura de protección de los equipos educativos y de deportes a la estructura local de coordinación
El plan integral de infancia de la localidad concierne a los coordinadores de bienestar de todos los centros educativos. Estas figuras deben servir como enlace permanente con la coordinación local, es decir, con la concejalía de infancia y sus profesionales, y sus funciones serían parecidas a las de la figura de protección del ayuntamiento.
8. Revisar la organización y competencias de los servicios sociales
Se trata de la propuesta más compleja. Parreño recuerda que la LOPIVI obliga a las comunidades autónomas y entidades locales a dotar a los servicios sociales de equipos especializados en intervención familiar e infancia, compuestos por trabajadores sociales, educadores y psicólogos, con formación específica en detección e intervención ante la violencia.
Los departamentos de servicios sociales a partir de la LOPIVI no solo tienen que centrarse en la intervención como hasta ahora, sino también “participar en tareas de sensibilización, campañas de promoción de buen trato, de derechos de la infancia, etc.”, explica. “Deben ser especialistas en la prevención de las situaciones de violencia, porque son los que están más en contacto con esas situaciones”. Para la prevención, la ley exige que se analicen la situación de las familias y se elaboren planes (por ejemplo, de buen trato, parentalidad positiva, resolución de conflictos intrafamiliares o erradicación del castigo físico) dependiendo de las necesidades que haya.
“La prevención de violencia no es cosa exclusiva de los servicios sociales. Pueden actuar coordinando la intervención, pero deben hacerlo diseñando programas en los que se impliquen el resto de los actores, y coordinar su actuación”, dice, e insiste en el enfoque comunitario. “Se acabó trabajar como el llanero solitario”.
9. Organizar la notificación y registro de los casos de violencia
En su propuesta, la recogida de información corresponderá a los servicios sociales de atención primaria, coordinándose con el resto de los recursos. Esto no lo pueden hacer los servicios sociales en solitario, insiste: las comunidades autónomas deben elaborar sistemas de notificación de los casos de violencia. “Hay comunidades autónomas que ya han establecido sistemas de comunicación que permitan que cualquier notificación llegue a servicios sociales de forma rápida y estandarizada”, destaca.
10. Consensuar principios generales de intervención
Finalmente, a la hora de notificar un caso de riesgo, es importante diferenciar los conceptos sospecha y evidencia. “Si no las tenemos claras, vamos a generar en los colegas de otros recursos municipales actitudes de desconfianza. Hay que consensuar esos conceptos, cuándo comunico y cuándo notifico”, advierte.
También se debe consensuar principios generales de intervención. Entre ellos, el interés superior, la confidencialidad, el enfoque educativo y reparación del daño o el principio de la mínima intervención: “No me corresponde a mí [el profesional] valorar la situación o lo que el menor me está comunicando. Debo activar los recursos que estén a mi alcance para, primero, separarlo de la situación de violencia y segundo activar los recursos que haya dentro de esa estructura”.
