La renta mínima y su papel en la lucha contra la pobreza infantil

15/03/2021 | Derechos de la Infancia, Pobreza, Previas

Renta mínima

Fotografía: Alexander Dummer / Unsplash

 

  • La crisis sanitaria ha tenido un gran impacto en la pobreza infantil. ¿Son las rentas mínimas o el Ingreso Mínimo Vital parte de la solución a este grave problema?
  • Ensayos de renta básica en ciudades como Barcelona han demostrado que esta medida disminuye la pobreza severa

 

En España, antes de la crisis sanitaria la tasa de pobreza infantil era del 27,4%: una tasa muy superior a la que corresponde a su nivel de riqueza. Y va en aumento. Algunas de nuestras estimaciones señalan que la pobreza infantil en los países de ingresos altos se mantendrá por encima de los niveles previos a la pandemia de COVID-19 durante más de cinco años. Se debe a que el primer impacto de la crisis ha sido mayor en los hogares más vulnerables, incluyendo aquellos donde viven niños y niñas y adolescentes, y a que las medidas de confinamiento han disparado el riesgo de privación material y añadido una carga adicional a los hombros de las familias vulnerables con hijos a cargo.

La protección social es elemental a la hora de garantizar los derechos de la infancia más vulnerable. Sin embargo, España destina solo un 1,3% de su PIB a la familia y la infancia, frente al 2,4% de la media europea: una inversión menor del que dedican países con menores tasas de riesgo de pobreza en la infancia. En el informe ¿Cómo reducir la pobreza infantil en España? Análisis y recomendaciones, publicado por UNICEF España, plantemos la necesidad de revisar el sistema de prestaciones y de protección a la infancia y considerábamos que es necesario aumentar el gasto en políticas familiares en España. El informe da un dato: la pobreza infantil aumentó durante la crisis de 2008 debido, entre otras cosas, a la carencia de una red estable de garantía de rentas.

Tanto el Gobierno central como los gobiernos locales reaccionaron a la emergencia sanitaria tomando medidas para paliar su impacto, que han ido desde garantizar los suministros básicos hasta ofrecer moratorias en el pago de hipotecas. Muchos municipios han llevado a cabo estrategias con enfoque local para reducir la pobreza infantil, combinando medidas de apoyo a las familias con otras para abordar las necesidades concretas de los niños de grupos particularmente vulnerables. Pero, como medida extraordinaria, la pandemia también ha llevado a la implantación de un Ingreso Mínimo Vital. ¿Qué impacto tienen las rentas mínimas en la pobreza en la infancia?

 

La renta mínima y el IMV: ¿qué son?  

La Renta Mínima de Inserción o RMI, también llamada Salario Social, es una ayuda que se da a personas con riesgo de exclusión social, que carecen de unos ingresos mínimos con los que alcanzar una calidad de vida básica. En España, esta renta depende de las Comunidades Autónomas y de una a otra varía su cuantía, duración e incluso su nombre (RMI, PCI, renta garantizada de ciudadanía, renta básica, ingreso mínimo de solidaridad, etc.).

El 29 de mayo del 2020 se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que existía en el acuerdo del Gobierno destinada a acabar con la pobreza extrema, cuya implantación precipitó la crisis del COVID-19. Se trata de un ingreso destinado a las familias en situación de vulnerabilidad (con renta mensual por debajo de lo que le correspondería según el baremo de umbrales mínimos) que garantiza una renta de entre 461,50 y 1.015 euros al mes.

¿Qué efecto tienen en la lucha contra la pobreza infantil?

Su aprobación busca reducir la pobreza extrema en la infancia en un 65% en España, y se calcula que sacará de la pobreza a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes, según las predicciones del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.

Ernesto Gasco, Alto Comisionado, afirmó que se trata de “un instrumento imprescindible para reducir la desigualdad, similar al de otros países europeos de nuestro entorno (…). Confiamos en que tenga un impacto positivo sobre los hogares más vulnerables, especialmente aquellos con menores a cargo y, fundamentalmente, para las familias monomarentales”.

Críticas y líneas de mejora

Para atender las necesidades específicas de este tipo de hogares compuestos por un solo progenitor y expuestos a un mayor riesgo de pobreza, el Ingreso Mínimo Vital incluye un complemento del 22% para ellos. Lo que algunos encuentran problemático es que en esos casos la prestación por hijo a cargo queda subsumida en el IMV, y por tanto desaparece (esto significa que la única prestación destinada al apoyo a la crianza, y no a la reducción de la pobreza, desaparece).

Otro punto problemático es la complementariedad entre el IMV y las RMI, que necesita de instrumentos legales y de adaptación para asegurar que las familias necesitadas no se quedan sin recibir estas ayudas y para asegurar que los fondos que ahorren las Comunidades Autónomas por el establecimiento del IMV sigan destinándose a servicios sociales.

Por su parte, los autores del ya mencionado informe de UNICEF España están de acuerdo en que el IMV puede tener efectos positivos sobre la pobreza de los hogares con niños, pero creen que tiene dos grandes limitaciones: por un lado, graves problemas de gestión y por otro, una limitada coordinación con las Comunidades Autónomas, que podrían reducir la efectividad de sus recursos en la lucha contra la pobreza.

Por su parte, la sección española de la European Anti-Poverty Network (EAPN) ha hecho una reciente valoración de la medida destacando algunos aspectos positivos, como las modificaciones para ampliar su cobertura. Pero también señala que aun hacen falta algunas mejoras: entre ellas, la necesidad de incluir a colectivos que quedan fuera, como las personas inmigrantes en situación irregular, refugiadas o menores de 23 años sin hijos; el reconocimiento de las familias con más de tres hijos o su complementariedad con las Rentas Mínimas.

Se trata, finalmente, de una ayuda que no debería sustituir a otras, como la prestación por hijo a cargo, fundamental para reducir las altas tasas de pobreza en niños y niñas en España. Cristina Junquera, Responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF España, señala: “Analizando varios países, vemos que las medidas más eficaces para reducir la pobreza infantil son las ayudas monetarias y la prestación por hijo a cargo”. Las transferencias y prestaciones en efectivo pueden marcar la diferencia y ayudar eficazmente a sentar las bases para la creación de un sistema de protección social sólido que contribuya a reducir la pobreza infantil a corto y largo plazo, añade.

 

Las rentas básicas a nivel municipal: varios ejemplos

 

Si bien aun es pronto para valorar el impacto del IMV en España, existen experimentos por todo el mundo de rentas básicas universales, partidas que se otorgan sin ningún tipo de condición. Hasta ahora se han hecho experimentos a pequeña escala en diferentes ciudades, desde las canadienses de Manitoba, en la década de 1970, o Ontario, así como en países como Irán o Kenia.

Uno de los primeros países europeos en experimentar esta medida fue el de Finlandia: entre los años 2017 y 2018, el país quiso comprobar qué efecto tendría en los niveles de pobreza garantizar una renta de 560 euros mensuales sin ninguna condición a un grupo de 2.000 personas desempleadas. Se trataba de un experimento inédito en Europa destinada a acabar con el aumento de la desigualdad social. Las conclusiones, presentadas recientemente en un informe, mostraron que esta renta básica no mejoró la empleabilidad de los participantes, pero sí sirvió para impulsar su bienestar y salud.

Un ejemplo más actual es el de Glasgow (Escocia), cuyo ayuntamiento, a finales de octubre de 2020, votó a favor de una propuesta para solicitar a los gobiernos del Reino Unido y de Escocia la financiación de un plan piloto de Renta Básica Universal (RBU). Glasgow se convirtió así en una de las pocas ciudades europeas que tiene un acuerdo entre partidos para probar una renta básica universal. En el informe sobre la viabilidad del proyecto, los gobiernos local y nacional explican que esta renta estaría basada en cinco principios clave: universal (pagado a todos); incondicional (sin requisito de buscar trabajo); individual (no pagado a los hogares, como el Crédito Universal); periódico (pagado a intervalos regulares); y se realiza como pago en efectivo. Los resultados están por llegar.

Finalmente, un ejemplo más cercano es el de Barcelona. En 2016, la ciudad Condal fue escogida como una de las 15 ciudades (entre 400) del Urban Innovative Action, un programa de la Unión Europea de fondos extraordinarios a proyectos de innovación social. El experimento piloto B-Mincome, iniciado en 2017 y finalizado a finales de 2019, tuvo como objetivo la reducción de la pobreza y la exclusión social de colectivos con alta vulnerabilidad económica y social mediante la combinación de una renta mínima de emergencia (RME) con políticas sociales complementarias (formación, empleo, vivienda, trabajo comunitario) en 1.000 familias de barrios desfavorecidos.

A través de este proyecto, un total de 1.000 hogares han estado recibiendo una renta máxima de 1.675 euros mensuales y 550 de estos hogares también han participado en las cuatro políticas activas de inclusión socio-laboral. Los resultados son especialmente interesantes: muestran que el riesgo de pobreza severa cayó en 11 puntos porcentuales (entre las familias que participaron en el ensayo y otras de su mismo perfil sin la renta), la inseguridad alimentaria cayó 13 puntos porcentuales y la probabilidad de no poder pagar la vivienda, 16,8 puntos. Es un paso más para demostrar que tener un ingreso fijo reduce el riesgo de pobreza severa y mejora el bienestar de quien lo recibe, incluyendo a la infancia.

 

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