- “Con un enfoque de derechos, el marco legal tiene que estar en la prevención, no en la sanción”, dice Clara Martínez García, Directora de la Cátedra Santander de Derechos del Niño
- “Tenemos que establecer unos entornos lo más protectores y seguros posible”, señala Almudena Olaguíbel, de UNICEF España
- Este jueves 20 de mayo se aprueba la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (Lopivi)
Cuando tuvo lugar el primer caso de maltrato infantil del que se tiene constancia, el de la niña neoyorquina Mary Ellen, su abogado se llevó una sorpresa: en aquel momento, a finales del siglo XIX, no existía ninguna ley que protegieran a la infancia… pero sí leyes contra el maltrato animal. Este caso, que generó cambios en la legislación existente, demuestra que la protección de los niños y niñas no siempre se ha entendido como ahora, como recuerda Almudena Olaguíbel, Especialista en Protección de UNICEF España.
Desde entonces hasta hoy se ha ido estableciendo un marco legislativo internacional para dotar a los niños y niñas de protección frente a todo tipo de malos tratos, con algunos hitos muy importantes como la aprobación en 1989 de la Convención de los Derechos del Niño, de cumplimiento obligatorio para todos los países que la ratifican, o la del Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas en 2006, que por primera vez adoptó en enfoque de entorno protector, analiza Olaguíbel.
¿Ha hecho todo esto que los datos de violencia contra la infancia remitan? La verdad es que sigue siendo un tema que preocupa mucho a los expertos. En 2019, se registraron más de 40.000 delitos contra menores de edad, según datos del Ministerio del Interior, y los casos de abusos sexuales en la infancia y adolescencia aumentan cada año. Además, algo que no varía es que las víctimas de menos de 18 años en este tipo de delitos constituyen la mitad de todas sus víctimas. “Puede ser porque la identificación ha mejorado, pero los datos oficiales dicen que todos los delitos violentos contra la infancia están subiendo”, confirma Olaguíbel.
En 2010, el Comité de Derechos del Niño recomendó a España la aprobación de una ley integral sobre la violencia e infancia. Tomando como modelo la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, este jueves 20 de mayo se aprueba la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (Lopivi): la ley, que ha salido adelante con un amplio apoyo de todos los grupos parlamentarios, pretende combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral y se centra en la sensibilización, prevención, detección, protección y reparación de las víctimas.
¡APROBADA la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia!👏¡Ahora a seguir trabajando para que sea una realidad en cada uno de los ámbitos que regula: familia, educación, ocio, deporte, centros de protección!💪https://t.co/QhKq9Qo8yy #LaInfanciaPorLey pic.twitter.com/lDNU7Dcn38
— UNICEF España (@unicef_es) May 20, 2021
De dónde partimos: un marco sancionador
¿Por qué es necesaria esta ley? En España partimos de un marco legislativo “sancionador y represivo”, como lo define Clara Martínez García, Directora de la Cátedra Santander de Derechos del Niño, que ha participado junto a Olaguíbel en un webinar para conocer mejor esta ley el pasado 18 de mayo. Un marco que engloba el Código Penal y leyes como la Ley orgánica de responsabilidad del menor o las Leyes enjuiciamiento civil y enjuiciamiento criminal, para Martínez pone el foco en la conducta del agresor, dejando en segundo plano a la víctima. “Está desenfocado: no tiene al niño y sus derechos en el centro, sino que está enfocado en la conducta del agresor”, analiza. Además, no todas las respuestas de violencia contra los niños deben estar en el código penal, opina, ya que hay otros tipos de respuestas: las de tipo educativo, social, presupuestario, etc.
Con las mejoras de los últimos años se empieza a atender a las necesidades del niño o niña como víctima; sin embargo, Martínez opina que continua sin acoger dos conceptos esenciales: por un lado, el enfoque de derechos, uno de los objetivos de este proyecto de ley: “Es fundamental poner al niño y sus derechos en el centro”, destaca Martínez. “Los poderes públicos, y el resto de sociedad, están obligados a garantizar esos derechos y responder de la adecuada garantía y cumplimiento de los mismos. No hay caridad ni asistencialismo: hay responsabilidad pública y obligaciones”.
Por otro, en enfoque de protección integral, que supone garantizar todos los derechos de todos los niños y niñas empleando todas las medidas en todos los ámbitos de la vida, e implicando para lograrlo a todos los poderes públicos y la sociedad.
La prevención es la clave
“Un niño ha sido abusado, maltratado, ha sufrido bullying, una vez que lo ha sufrido le atendemos, reparamos el daño, lo acompañamos psicológicamente… pero el daño ya está hecho”, pone como ejemplo Martínez. Para ella, el modelo existente es ineficiente y no cumple con lo que exige el contexto internacional. “Si optamos por un enfoque de derechos todo el peso de la institucionalidad y el marco legal tiene que estar en la prevención, no en la sanción. Ir a un proceso judicial, judicializar o detectar estas situaciones e imponer una pena supone un fracaso del sistema de protección. Este debe ser preventivo, especialmente para la violencia”.
“Si atendemos a la víctima hemos llegado demasiado tarde”, coincide Olaguíbel. “Tenemos que establecer unos entornos lo más protectores y seguros posible. Para ello, las leyes y políticas son importantes, así como el diálogo con las comunidades. Todos esos factores generan un entorno protector seguro, con profesionales conscientes de que tienen esa responsabilidad”.
4 elementos clave para crear entornos seguros y protectores para la infancia en tu municipio
Estos entornos protectores deben existir en todos los ámbitos de socialización donde se produce la violencia contra la infancia: ámbitos como el familiar, el educativo, el sanitario, el de servicios sociales, el de deporte y ocio, etc.
Derecho al buen trato y a la participación
La Lopivi aspira a recorrer todas las dimensiones y procesos de la violencia contra la infancia: desde la sensibilización hasta la prevención directa, pasando por la identificación de los casos de violencia y, cuando estos se produzcan, con la garantía de un tratamiento adecuado para las víctimas. Pero también es integral porque trabaja con todo tipo de violencia, sin hacer distinción (violencia física pero también, por ejemplo, en el ámbito online, donde niños y niñas pueden sufrir casos de ciberacoso o violencia sexual).
Martínez destaca que esta ley no solamente se conforma con erradicar la violencia, sino que recoge un concepto fundamental: el derecho al buen trato. ¿Qué significa? “La salud es algo más que la ausencia de enfermedad. El buen trato es algo más que la ausencia de maltrato: aspira a promover el máximo desarrollo integral del niño en todas sus facetas”.
Finalmente, Martínez destaca la importancia de que el niño o niña tengan la suficiente información para poder denunciar los casos de violencia, y que en estas situaciones se respete su deber de comunicación (un enfoque menos sancionador y centrado en la víctima), tratando de evitar los casos en los que la víctima es discriminada debido a su edad al considerar que no tienen la suficiente madurez para denunciar. “La madurez se tendrá en cuenta pero todos los niños pueden intervenir”, explica Martínez, para quien la participación infantil es fundamental: “Contar con los niños, empoderarlos, educarlos… Para mí no se puede hablar de buen trato sin participación, porque el buen trato supone considerar al otro como persona que tiene todo que decir en aquello que le afecta”, concluye.
Materiales de interés:
- Guía para las familias sobre la Ley [PDF]
- Proteger a la infancia frente a la violencia es responsabilidad de todos
- Los Municipios ante la Violencia entre Niños, Niñas y Adolescentes
