¿Qué debemos hacer los municipios para poner en práctica la Ley de Protección a la Infancia contra la Violencia?

15/10/2021 | Derechos de la Infancia, Normas, Leyes, Ordenanzas, Protección

Lopivi

Fotografía: Priscilla Du Preez / Unsplash

 

  • Las administraciones públicas tienen un rol clave en el cumplimiento de la LOPIVI, principalmente en aspectos como prevenir o sensibilizar
  • «La ley recoge el enfoque de derechos y otorga prioridad absoluta a la prevención, y donde primero hay que hacerla es en el ámbito municipal», dice Clara Martínez García, Vicerrectora de la Unicersidad de Comillas y miembro de la Cátedra Santander de Derechos del Niño

 

En 2010, el Comité de Derechos del Niño recomendó a España la aprobación de una ley integral sobre la violencia e infancia. El pasado mes de junio se aprobó la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI): una ley que busca combatir este tipo de violencia fomentando la sensibilización, prevención, detección, protección y reparación de las víctimas.

Enfocada en prevenir, la ley no solamente se conforma con erradicar la violencia sino en fomentar el buen trato, como explicó Clara Martínez García, Vicerrectora de la Unicersidad de Comillas y miembro de la Cátedra Santander de Derechos del Niño, en el primero de un ciclo de webinars que celebramos para conocer más a fondo esta nueva medida.

Pero, después de conocer el marco fijado por la Ley ¿de qué forma esta ley toma tierra en el ámbito local? ¿Qué implica para los municipios, y cuáles son las competencias de los gobiernos locales para garantizar su cumplimiento? De ello hablamos en una segunda sesión del webinar celebrada el pasado 8 de octubre.

 

 

La necesidad de descentralización

 

La LOPIVI es una ley orgánica aprobada a nivel estatal, pero, como recuerda Martínez, eso no significa que solo incumba a ese ámbito: “La ley establece el contenido esencial de este derecho de los niños, niñas y adolescentes para que se garantice por igual en todo el territorio estatal, y después construimos el marco normativo institucional para los distintos territorios”, explica. Es decir, que la ley intenta poner un mínimo común para todo el territorio nacional sin prejuicio de la respuesta específica de cada territorio.

De hecho, para proteger mejor a la infancia es necesario descentralizar y derivar funciones a los gobiernos locales: se trata de una necesidad recogida en la Constitución y un mandato de la Convención de derechos del Niño. En este sentido cabe recordar que el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General nº 5, recomienda la descentralización. Dada la naturaleza de esta observación, no llega a establecer el nivel de esta descentralización, pero en un Estado como el nuestro, la misma debe descender al nivel autonómico y por supuesto el local. Hacer realidad los derechos de niñas, niños y adolescentes, como establece la Convención en su artículo 4, es competencia de todos los niveles de gobierno: estatal, autonómicos y locales.

Para la jurista, esa necesidad tiene una explicación: las administraciones locales son quienes están más cerca de los niños, niñas, adolescentes y sus familias y quienes conocen mejor su realidad. “No se puede no dar participación a los gobiernos locales en aquellos asuntos que sean de interés local”, sostiene.

La lucha contra la violencia tiene enfoque local

“La Convención claramente apuntan a la relevancia, clave a mi juicio, que tiene el ámbito municipal, principalmente en la prevención, pero también en la sensibilización y la prestación de determinados servicios que contribuyen a la erradicación de la violencia contra la infancia”, señala Martínez.

Por su parte el Informe Mundial Pinheiro (2006), primer estudio mundial sobre las formas de violencia contra los niños y niñas, también incluye algunas recomendaciones genéricas y, por tanto, vinculadas al ámbito local. Entre ellas, las relacionadas con la prevención, donde “el nivel local tiene un papel absolutamente relevante, tanto en la prevención primaria como secundaria”, o la sensibilización, algo que también “corresponde a los gobiernos locales, esos programas o actuaciones pueden estar muy bien adaptadas a la realidad de cada municipio”, opina Martínez.

Entre esas medidas y recomendaciones están apoyar los esfuerzos para prevenir la violencia en el hogar como medio para prevenir la violencia en la comunidad, trabajar muy de cerca con las familias, apoyar programas que ayuden a niños y niñas a permanecer en la escuela o participar en programas de formación no formal. También incluye medidas relacionadas con promover normas sociales que hagan énfasis en el respeto y la no violencia y con reducir los factores de riesgo en el entorno físico: competencias urbanísticas que corresponden a los ayuntamientos.

“Hay municipios muy distintos por tamaño, renta, diversidad de origen de sus habitantes… Creo que es fundamental no solo atender a las campañas de sensibilización a nivel estatal sino que en los municipios se puede hacer una intervención mucho más quirúrgica, fina y adaptada, y colaborando con los colegios, asociaciones de vecinos… Hay una oportunidad enorme de llamar la atención sobre el tema de la violencia”, apunta.

 

Competencias locales

 

Respecto a la Ley de Protección Integral a la Infancia contra la Violencia, cada administración pública deberá actuar para garantizar la formación, prevención, detección de la violencia, así como la derivación de los niños y niñas afectados una vez que esta violencia tenga lugar. “Creo que competencias en el papel municipal y prevención de la violencia van juntas de la mano”, sostiene Martínez.

Por un lado, la ley establece unos niveles de intervención (sensibilización, prevención y detección precoz) que se tienen que coordinar con los ámbitos: familiar, educativo, social, sanitario… etc. La pregunta clave es qué papel corresponde a cada actor en estos ámbitos y a estos niveles, y qué administración pública es competente.

La ley modificará los siguientes ámbitos:

    • Servicios sociales. La función de la LOPIVI es establecer claramente qué cosas deben hacer los servicios sociales de atención primaria y los especializados.
    • Ámbito del deporte y el ocio. La ley fomentará la aprobación de protocolos de actuación para construir un entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio, y también para la prevención, detección e intervención en todos los centros que realicen actividades deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad.
    • Fuerzas y cuerpos de seguridad. La LOPIVI garantizará que actúen como entornos seguros para la infancia y adolescencia y que se rijan por el respeto de los derechos del niño. Habrá protocolos para prevención, sensibilización, detección precoz… etc., y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad recibirán formación en materia de derechos de infancia.

 

Es importante la creación de entornos protectores en todos estos ámbitos de socialización donde se produce la violencia contra la infancia: el educativo, el sanitario, el de servicios sociales, el de deporte y ocio… y, por supuesto, también el de la familia.

 

El ámbito familiar, el más inaccesible

 

En el ámbito familiar, un ámbito privado en el que no siempre es fácil entrar, la violencia es más fácilmente invisibilizada. Por eso mismo, la prevención en ese ámbito es más difícil. ¿Cómo llevarla a cabo de acuerdo con la nueva ley? Martínez propone que una forma de hacerlo será trabajar en los ámbitos más cercanos a las familias. El ámbito de los servicios sociales, de ocio tiempo libre, deporte y el ámbito educativo son clave: “Son los más cercanos, donde el niño va pasa gran parte de su tiempo”, explica la jurista.

La LOPIVI recoge que la prevención en el ámbito familiar debe llevarse a cabo mediante planes y programas, fundamentalmente de formación y capacitación de las familias en relación al ejercicio positivo de la parentalidad. Incluye los programas de apoyo a las familias para crear un entorno familiar seguro, o los programas de parentalidad positiva.

 

Para Martínez, el enfoque de derechos no consiste en, una vez que los padres lo hagan mal, separar al niño o niña de la familia, sino en apoyar a la familia primero (mediante capacitación y parentalidad positiva); si no funciona, el Estado reforzará las situaciones mediante un Plan de Intervención Familiar; y solo en el caso último de que permanecer con la familia sea contrario al interés del niño o niña, serán estos apartados de ella.

Una acción clave es formar y capacitar a los profesionales para que aprendan a detectar posibles indicadores de violencia que esté sufriendo el niño, o mecanismos para que los propios niños lo puedan comunicar.

“Para detectar hay que estar formado. Una parte de la invisibilidad tiene que ver con lo privado del entorno familiar, pero debemos tener una formación que nos permita ver que algo no está en orden”, añade. “Es la idea de la protección integral: todos tenemos un papel en la protección de los niños y niñas aunque no todos tengamos el mismo”.

Y el nivel local de nuevo es clave. “Aquí todos los municipios tienen un reto y un papel, es imposible que lo pueda hacer otra administración, son quienes mejor conocen a las familias”, añade Martínez, aunque para ello es necesario que el municipio cuente con el apoyo en todos los niveles, recursos materiales, etc. De ese modo, las puertas de la familia dejan de ser infranqueables.

Para la Directora de la Cátedra Santander de Derechos del Niño, la LOPIVI no era el punto de llegada, sino el de partida: «Es un punto de partida muy bueno pero no podemos quedarnos ahí», concluye, e insiste en la importancia del papel de los gobiernos locales: «Lo que se ha recogido en la ley es el enfoque de derechos y la prioridad absoluta a la prevención, y donde primero hay que hacerla es en el ámbito municipal. Creo que los municipios tienen aquí un reto enorme. Ahí veremos dónde somos capaces de llegar con ese techo de protección».

 

Recursos relacionados:

 

Comparte

Compartir

Últimas noticias