Fotografía: Andrew Seaman / Unsplash
Bajo el paraguas de la la recién aprobada Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI), algunas comunidades empiezan a adaptar sus leyes a este nuevo marco. Es el caso de Castilla-La Mancha, que avanza en el Anteproyecto de su nueva Ley de Infancia y Familia: un hito que pretende eliminar la violencia contra la infancia por medio de la prevención con la cooperación de toda la comunidad.
Esta ley, que ofrece medidas en distintos ámbitos (educativo, ocio, deporte, cuerpos policiales, etc.), supondrá poner al niño o niña en el centro y promoverá aspectos como la participación infantil, la parentalidad positiva o el buen trato.
Durante las III Jornadas de Ciudades Amigas de la Infancia en Castilla-La Mancha, celebradas online los días 29 y 30 de junio, tuvimos la ocasión de escuchar a expertos sobre este Anteproyecto de ley para comprobar qué novedades concretas supondrá la LOPIVI para los municipios y conocer ejemplos de buenas prácticas.
Un modelo de protección basado en la prevención
Cuando los casos de violencia y abusos contra la infancia no remiten, urge un cambio de modelo de protección que se adelante a los daños para impedir que estos ocurran. Para Clara Martínez García, de la Universidad Pontificia de Comillas, el marco anterior “llegaba tarde”: era de carácter sancionador y ponía el foco en la conducta del agresor, además de no contar con un enfoque de derechos de la infancia. Sin embargo, la LOPIVI “supone un cambio de paradigma: es preventiva”, añade.
“Toda la violencia es prevenible”, dice Almudena Olaguibel Echeverria-Torres, especialista en protección en UNICEF España. “Lo que tenemos que hacer es generar entornos protectores, donde haya acciones de prevención a la violencia y, si esta ocurre, los profesionales que trabajan en esos entornos sean capaces de saber que su responsabilidad es, aparte de dar clases de matemáticas o baloncesto, identificar esa violencia y proteger a la infancia”.
Para ello la ley promoverá la formación de los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes: una importante medida que mejorará la detección precoz. Todo con una finalidad: “hacer protagonistas a los niños y niñas y no convertirlos en meros receptores de cuidados o intervenciones”, apunta Olaguibel.
¿Qué supondrá esta ley para los municipios?
Los municipios son clave en la lucha contra la violencia contra la infancia, ya que son la administración más próxima al ciudadano. La ley obliga a los poderes públicos llevar a cabo acciones de:
-Sensibilización
-Formación y capacitación de profesionales, para lo que establecerá nuevas figuras que van a tener la responsabilidad de prevenir la violencia y en caso de que ocurra son los que coordinen estas actuaciones
-Detección precoz
-Prevención
-Atención y reparación en los casos en los que no se haya podido evitar que se dé la violencia
Además, la ley actuará en todos los ámbitos: familiar, educativo, educación superior, ámbito sanitario, de los servicios sociales, nuevas tecnologías, deporte y ocio, fuerzas y seguridad del estado, centros de protección.
María Ger, Técnica Superior de Apoyo de la Dirección General de Infancia y Familia de Castilla-La Mancha, ofreció durante el encuentro algunos ejemplos de novedades que se han incoporado al borrador de la Ley de Infancia y Familia de Castilla-La Mancha, para adaptarse a la LOPIVI: en el ámbito de la atención, protección y conflicto, incorpora la figura de adopción abierta, promueve modelos de acogimiento residencial en núcleos reducidos y añade una mención a los menores extranjeros no acompañados. Habrá además programas o servicios de “refuerzo” de estas intervenciones dirigidos a reunificación familiar, apoyo a niños y niñas bajo tutela de la administración o a jóvenes extutelados.
“Es importante que impliquemos a las actuaciones comunitarias para apuntalar más allá del nivel profesional”, señala Ger, que ha definido el proyecto como “muy ambicioso”.
Ángel Parreño, director del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y que participó en la elaboración de la ley, ha señalado algunas novedades que esta supone para los servicios sociales; entre ellas, que los trabajadores de servicios sociales de atención primaria adquieran la condición de autoridad. “Es necesario que tengan capacidad de tomar decisiones para la atención inmediata”, explica, y ha hecho hincapié en la importancia de contar con un enfoque interdisciplinar.
Coordinación y cooperación
La violencia que sufren muchos niños y niñas nos compete a todos, y su protección debe ser una responsabilidad compartida. Para implementar la ley va a ser necesaria la colaboración, cooperación y coordinación entre los diferentes actores: las administraciones públicas, la sociedad civil, el sector empresarial, etc.
Para Gregorio Gómez Bolaños, Director General de Infancia y Familia del Gobierno de Castilla-La Mancha, desde los servicios sociales “necesitábamos la implicación de otros sectores. Esa ley hace un esfuerzo por hablar de la atención integral: los problemas de los menores no son solo un ámbito de los servicios sociales”. También Esther García Perea, Jefa de Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Dirección General de Infancia y Familia de Castilla-La Mancha, ha puesto énfasis en la importancia de la coordinación entre su Dirección General y los servicios sociales municipales de atención primaria, Educación, Sanidad, Empleo, Vivienda, etc. “Todos los profesionales han de remar en la misma dirección”, asevera, ya que existe un objetivo común: el de la protección a la infancia.
Daniel Tito Rodríguez, concejal de Juventud, Infancia, Festejos y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, ha aportado una visión local y señalado que la coordinación sectorial es fundamental: “Que haya una alineación desde la administración regional, la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias] y UNICEF es clave”, ha dicho: es la mejor manera de llevar a la práctica políticas de infancia y adolescencia.
Buenas prácticas
Para Patricia Fernández Montaño, Coordinadora Regional de Atención Primaria del Servicio de Planificación y Gestión de la Atención Social, de la Dirección General de Acción Social de Castilla-La Mancha, en el caso de los servicios sociales de atención primaria, «la clave del éxito depende de una mentalidad de responsabilidad compartida, que podamos tomar estrategias para que la coordinación sea eficiente».
Por ello ha compartido un ejemplo de buenas prácticas llevado a cabo en el municipio toledano de Valmojado: la organización de mesas de trabajo con una temática transversal de carácter anual, donde “año tras año se va incorporando más gente. El tercer año, los vínculos que se habían establecido entre instituciones eran muy fuertes. En la práctica sirve para que haya un vínculo profesional establecido previamente”, cuenta. Una propuesta que la comunidad sintió como propia y con la que lograron “que “elijan sus propias temáticas porque son las que les atañen, que todas las partes sean partícipes… y que eso pueda repercutir a largo plazo en la mejora de la calidad de la atención de las personas”.
Tres conceptos clave
Parentalidad positiva
Durante el encuentro se explicó la importancia de la parentalidad positiva, un término que el Ministerio de Sanidad define como el comportamiento de los padres y madres fundamentado en el interés superior del niño o niña, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan su pleno desarrollo.
Buenas prácticas
En Torrijos (Toledo), en el marco del I Plan de Infancia y Adolescencia, están llevando a cabo algunas iniciativas que ha compartido Jesús Del Castillo Martín, dinamizador juvenil del Ayuntamiento de Torrijos: entre ellas, una escuela de padres, talleres para resolver conflictos familiares o para abordar temas como el juego creativo o el manejo de la conducta, talleres para adolescentes (sobre prevención del uso de nuevas tecnologías, comunicación, adicciones, etc.) y la actividad “Verano Guay” con enfoque social y para la familia.
También hemos contado con ejemplos de fuera de Castilla-La Mancha: Loli García, Jefa de servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria, ha hablado de su programa de parentalidad positiva, dentro de su II Plan de Infancia y Adolescencia, organizado en tres líneas: formación de los profesionales del Ayuntamiento en esas materias, capacitación de padres y madres y sensibilización de la ciudadanía sobre aspectos claves de la parentalidad positiva mediante talleres, guías y el servicio de psicólogos.
Buen trato
La ley va más allá de suprimir el mal trato: promueve el buen trato. Eso incluye crear un entorno seguro en el que la infancia no va a sufrir violencia pero, además, en el que se le trate bien y pueda desarrollar sus capacidades libremente y en el que se promueva su participación. La promoción del buen trato es, de hecho, uno de los principios de la ley.
Participación
Finalmente, para garantizar el punto anterior, es necesaria la participación infantil. “Sin participación no hay buen trato. El buen trato no es paternalista sino que está la participación del niño como un sujeto activo”, ha dicho Clara Martínez García. Por este motivo, la ley amplía el derecho a la participación infantil y adolescente, comprometiéndose a potenciar los órganos de participación. Un reto en el que nuestra iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia tiene mucho que aportar.
Buenas prácticas
Un ejemplo de Ciudad Amiga de la Infancia comprometida en la garantía del derecho a la participación es Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Ángel Parreño ha compartido algunos ejemplos de las iniciativas de su Consejo de Infancia: el programa en la televisión local “Un poco de kada”, sobre derechos de infancia, o el programa “Nosotros proponemos” para el diseño de espacios urbanos, con la participación de niños y niñas.
