El análisis de las políticas sociales locales denuncia limitaciones competenciales y presupuestarias

Un informe publicado por EUROCITIES sobre políticas locales de una veintena de ciudades, aconseja incluirlas en la toma de decisiones para frenar la desigualdad. EUROCITIES, confirma la necesidad de mayor inversión para los ayuntamientos y una participación más activa sobre políticas de inclusión y disminución de la pobreza. Algo que ya adelantó la representante de Barcelona, Laia Ortiz, durante el discurso inaugural del Foro de Asuntos Sociales, celebrado en Lisboa en 2017.

El documento muestra el esfuerzo de 20 ciudades de 12 países europeos (donde viven 20 millones de personas),  entre ellas Barcelona, para disminuir la creciente brecha de desigualdad existente entre los ciudadanos y ciudadanas que las habitan.  Analiza las políticas llevadas a cabo en cuatro ámbitos: educación inclusiva, igualdad de género y de oportunidades, y acceso al mercado laboral. Y valora las medidas de las administraciones locales comprometidas con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que han firmado su adhesión a la iniciativa “Ciudades inclusivas para todos: derechos sociales en mi ciudad”, en la línea del proyecto de UNICEF, “Ciudades amigas de la infancia”.

EUROCITIES advierte del rápido aumento de la desigualdad especialmente en las áreas urbanas más desfavorecidas, entre las personas con ingresos más bajos y los grupos más vulnerables, como la infancia, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica.

“Ahora es más importante que nunca garantizar los derechos sociales de todas las personas y preservar la cohesión social”, reza el informe.

Barcelona y Madrid, dos ciudades comprometidas

España cuenta con once ciudades adheridas a la red EUROCITIES: Bilbao, San Sebastián, Fuenlabrada, Gijón, Málaga, Murcia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Madrid y Barcelona. Formar parte de esta red implica que participan en distintos proyectos y foros vinculados de cooperación, economía, asuntos sociales, medio ambiente, cambio climático, sociedad del conocimiento o desarrollo urbano; entre otros. Madrid y Barcelona, han firmado, además, un compromiso sobre cuatro de los asuntos más complejos, a nivel local. En el caso de la capital, a través del apoyo activo al empleo y el cuidado y apoyo a los niños, respecto a la educación. Compromisos recogidos en el primer capítulo del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, sobre “Igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral” y el tercero, “Protección social e inclusión” , respectivamente. Sin, embargo, sus políticas están fuera del estudio de caso presentado por EUROCITIES.

Por su parte, Barcelona, sí cuenta con un análisis de sus acciones sociales. La política municipal sobre igualdad de género de la ciudad condal adoptó la “Estrategia contra la feminización de la pobreza y la privación 2016-2024”.

Apunta a reducir la pobreza entre las mujeres e incluir un enfoque intersectorial de la igualdad de género en todas las medidas locales. Se trata de 71 propuestas específicas, 85% de las cuales ya se han implementando en 2018.

“Cerca de 4.400 mujeres mejoraron su situación laboral gracias al asesoramiento municipal, la capacitación y las cláusulas de género en los contratos públicos adjudicados desde 2017”, señala el informe.

La práctica de una educación inclusiva, conforma otro de los principales objetivos de la UE. En este ámbito el Ayuntamiento puede elaborar planes concretos de actuación, en función de las necesidades reales de la ciudad, pero siempre dentro de las líneas generales que establece la Generalitat, y en última instancia, el Ministerio de Educación.

Barcelona desarrolla iniciativas de diversa índole, pero los compromisos adoptados formalmente son: el salario mínimo y la asistencia a personas sin hogar. El análisis hecho por EUROCITIES de todas las medidas locales, concluye que existen barreras para el perfecto desarrollo de las iniciativas del Consistorio catalán. Asimismo, señala falta de coordinación, tanto entre autoridades de diferentes niveles como entre agencias de la sociedad civil. Y añade que “la fragmentación de las acciones es también una cuestión de coherencia interna entre los diferentes servicios para la educación, el empleo y los servicios sociales, que requieren un plan y una prestación más integrados”.

De las cuatro categorías estudiadas en el informe, Barcelona solo cuenta con competencia plena en gestión para la igualdad de género, que no responde a ninguno de los dos compromisos firmados por la ciudad condal. Respecto a igualdad de género, los resultados del análisis concluyen que, junto a otras ciudades, en Barcelona “las dificultades para conciliar el trabajo y la vida familiar son un obstáculo clave” y añade que “la situación refleja una distribución desigual de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, que a menudo está arraigada en los estereotipos sobre el papel de las mujeres en la sociedad”.

Recomendaciones a la UE y el Gobierno

La iniciativa “Ciudades inclusivas para todos: derechos sociales en mi ciudad” fue presentada a principios de año ante el Parlamento Europeo, con la participación de diputados, alcaldes y representantes de las diversas ciudades participantes. Estableció un compromiso conjunto para acabar con la pobreza y la exclusión a nivel local, con una inversión de 4.320 millones de euros en un plazo de 5 años. La directora de Asuntos Sociales de la Comisión Europea, Katarina Ivanković-Knežević, explicó que “no son meras declaraciones de intención, son asignaciones presupuestarias reales y acciones concretas a nivel local. Nosotros [la Comisión Europea] vemos el enorme potencial de las ciudades para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales.”

Ahora, el informe, financiado por la Comisión Europea, dentro del Programa para el Empleo y la Innovación Social (2014-2020), recoge las tendencias de actuación local y sugiere algunas recomendaciones a la Unión Europea y los Gobiernos de los países firmantes:

  1. Más recursos a nivel local de los presupuestos estatales y los fondos de la UE para medidas y servicios locales de apoyo personalizado a los grupos más vulnerables.
  2. Involucrar a las ciudades como socios en la formulación de políticas sociales a nivel nacional y de la UE para garantizar que las políticas sociales respondan de manera efectiva a las necesidades reales sobre el terreno.
  3. Apoyar el desarrollo urbano integrado para hacer frente a las crecientes desigualdades entre las áreas urbanas y mejorar las condiciones de vida.
  4. Adoptar una estrategia de la UE posterior a 2020 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social.
  5. Mejorar los datos de igualdad al desagregar los indicadores sociales sobre género, estado socioeconómico y condición de migrante para alimentar políticas de inclusión basadas en la evidencia.

Las ciudades que deseen unirse a este proyecto político y las que ya formen parte y quieran ampliar sus compromisos, pueden hacerlo hasta final de año.

Recursos: