- En sus conclusiones sobre el séptimo informe periódico español, el Comité reconoce avances en el cumplimiento de los derechos de infancia, pero también retos. Muchas de sus recomendaciones recaen en el nivel local
Los derechos de la infancia dependen, a veces, de los gobiernos más cercanos. Cada cinco años, el Comité de los Derechos del Niño (CDN) revisa la situación de los derechos de la infancia en los Estados miembro y y se está cumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño. La última revisión de España empezó en febrero de 2024, “revisó un periodo donde han pasado muchas cosas: la pandemia, la estabilización de un nivel alto de pobreza infantil, el deterioro de la salud mental de la infancia o la llegada de niños y niñas migrantes no acompañados”, explica Lara Contreras, directora de Incidencia, Programas y Alianzas de UNICEF España.
En ese contexto, el Gobierno tuvo que hacer un informe en el que participaron varios interlocutores de la sociedad civil y las asociaciones de infancia. Entre ellas está UNICEF España, que elaboró un informe alternativo con las aportaciones, entre otros, de Paivoz, su grupo asesor. “Una parte importante de la información que recibe el Comité viene de la propia infancia”, resume Contreras.
“Una parte importante de la información que recibe el Comité viene de la propia infancia”, dice Lara Contreras
En enero de 2026, el órgano internacional publicó sus conclusiones sobre el séptimo informe periódico español. Reconoce avances, pero también retos en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y muchas de las recomendaciones que hace recaen de una forma u otra en los municipios.
Una obligación que llega hasta los ayuntamientos
Dichas recomendaciones no deben caer en saco roto. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado vinculante para España, y esa obligación alcanza a todos los poderes públicos, incluidas las entidades locales. Es algo en lo que insiste Clara Martínez García, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas y Directora de la Cátedra de los Derechos del Niño (Universidad Pontificia Comillas).
Los municipios, explica, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, también deben cumplir los tratados internacionales suscritos por España.
¿Qué significa esto en la práctica? Con ayuda de la experta, analizamos una a una las recomendaciones del Comité para ver de qué forma obligan a actuar a los gobiernos locales.
Estas son las 13 recomendaciones del CDN a España, y así afectan a las entidades locales:
1. Coordinación multinivel y asignación de recursos
Para reforzar la coordinación a varios niveles (estatal, autonómico y local) y la asignación de recursos, el Comité propone a España garantizar evaluaciones de impacto en los derechos de la infancia en los procesos de contratación pública que afecten a los niños y niñas. “Está pensando más a nivel estatal, pero lógicamente afecta también a administraciones autonómicas y municipales. Cuando haya una ordenanza de ruido de parques de lo que sea un plan urbanístico, en todo esto tendría que hacerse también una evaluación de impacto”, pone Martínez como ejemplo.
Todo ello debe hacerse incluyendo a la infancia en los procesos presupuestarios locales y nacionales. “No lo veo habitual en todos los niveles, y sin embargo todos los niveles territoriales, todas las comunidades autónomas y todos los municipios deben aprobar unos presupuestos”, añade.
2. Necesidad de datos desagregados
Otro problema persistente es la carencia de datos desagregados sobre temas como pobreza o violencia contra la infancia. El Comité sugiere establecer un sistema estadístico armonizado que se utilice para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas.
“Las políticas públicas deben basarse en datos confiables y actualizados”, sostiene Martínez. “Aquí es clave la administración más cercana al municipio, y la coordinación multinivel, para que se refuercen y puedan recabar estos datos. Esto en la LOPIVI se ha recogido, hay que trasladarlo. Parece razonable que servicios sociales los recojan, porque son la primera puerta de entrada de las situaciones de desprotección”.
3. Interés superior del niño o niña
El interés superior debe ser una consideración primordial en todos los niveles y en todos los procedimientos y decisiones legislativas, administrativas y judiciales, indica el Comité. También, por ejemplo, en las políticas y programas que llevan a cabo los municipios.
“Los municipios tienen aquí una recomendación directa”, destaca Martínez. “En algunos casos habrá que evaluar el impacto sobre un niño o una niña determinado, en otros casos sobre un colectivo determinado: por ejemplo, niños en situación de calle, minorías étnicas, minorías gitanas, menores extranjeros no acompañados, etc. En otros casos, cómo impacta en todos los niños y niñas”.
Crédito: LightFieldStudios
4. Participación infantil
Para reforzar este derecho de todo niño y niña, los municipios tienen varias líneas de actuación que propone el CDN: reforzar la participación mediante mecanismos sólidos a nivel local, autonómico y nacional; llevar a cabo programas y actividades de sensibilización para promover una participación significativa en la familia, comunidad y escuelas, o dar formación a los profesionales sobre el derecho del niño o niña a ser escuchado.
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5. Violencia contra la infancia
En este ámbito, en España se han hecho avances con la aprobación de la LOPIVI: “Ha servido como revulsivo para que muchas comunidades autónomas hagan el esfuerzo de modificar una legislación desfasada en tema de violencia que no cumplía con la Convención sobre los derechos del Niño”, dice la experta. Sin embargo, el Comité dice que hay de aterrizar esto aún más en el ámbito local, destacando que “falta un marco de financiación claro para la implementación local de la LOPIVI”.
El Comité advierte que “falta un marco de financiación claro para la implementación local de la LOPIVI”
Sus recomendaciones: entre otras, priorizar recursos en la prevención de la violencia por parte de los gobiernos locales, fortalecer los servicios sociales con recursos y personal. También, garantizar la implementación de las figuras del coordinador de bienestar y el delegado de protección en el ámbito deportivo. “Es de las pocas veces que la LOPIVI expresa explícitamente el nivel local para señalar que todos los centros y dependencias destinadas a la realización de actividades deportivas donde haya niños y niñas deben contar con esas figuras, sean de titularidad pública o privada”, señala la experta.
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6. Acceso a la justicia y mecanismos de denuncia
El CDN cree que se debe garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a mecanismos de denuncia confidenciales independientes y adaptados a la infancia en las escuelas, los sistemas de acogimiento familiar y los entornos de cuidado alternativo. “Hay ayuntamientos que están muy concienciados, pero son una ínfima cantidad de municipios los que han entendido que esto les afecta también”, dice Martínez.
7. Niños y niñas privados del entorno familiar
En estos casos, “la tutela corresponde a la comunidad autónoma, pero afortunadamente nuestra legislación ha ido incorporando el enfoque de derechos”, dice Clara Martínez. “Distingue muy claramente todas las actuaciones que se tienen que llevar a cabo para prevenir la separación del niño. Esa primera intervención, denominada situación de riesgo, es algo que suele determinarse en el ámbito municipal”.
Entre las recomendaciones del órgano internacional está asignar recursos suficientes a centros y servicios familiares y comunitarios, o garantizar apoyo durante la transición a la vida adulta. “Los ayuntamientos pueden jugar un rol importantísimo en la garantía del apoyo integral, que es lo que ha establecido el Comité durante la transición a la vida adulta e incluso a la vida independiente con pisos, tutelados, etc.”, añade.
8. Infancia con discapacidad
El Comité recomienda prevenir la institucionalización. Para ello, conviene garantizar el acceso a servicios básicos, reforzando los servicios comunitarios para coadyuvar o colaborar en la estrategia general de desinstitucionalización que afecta especialmente a la infancia con discapacidad.
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9. Salud y alimentación
Garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud y alimentación en las escuelas es otra recomendación del CDN, que también sugiere diseñar una política nacional de salud mental infantil, con prevención, identificación temprana y atención de calidad. “Una vez más, si adoptamos un enfoque de derechos, todo lo que tenga que ver con esa prevención va a afectar también a los municipios”, añade la experta.
10. Pobreza infantil
El Comité recomienda garantizar el acceso de todos los niños y niñas a energía y servicios básicos de salud, educación, vivienda y servicios sociales. “Está haciendo una recomendación para actuar en este sentido a los municipios”, dice la experta.
Entre otras cuestiones, el órgano hace hincapié en la vivienda, “y no es para menos. El Comité no tenía más remedio que apuntar a este problema social que se agrava cuando hay niñas y niños presentes”, destaca Martínez. Entre las propuestas está la erradicación de las viviendas inadecuadas y asentamientos informales, así como proteger a los niños frente a la inseguridad habitacional suspendiendo los desahucios, una medida en la que “las comunidades autónomas tienen mucho que decir, pero también el nivel municipal”.
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11. Medioambiente, cambio climático y entornos escolares
En este tema también hay propuestas que afectan a los municipios: entre ellas, la de incorporar medidas para mejorar la salud ambiental de las escuelas mediante la renovación de edificios, garantizar calefacción y refrigeración adecuadas diseño de patios que mitiguen los efectos de las olas de calor excesivas y la reducción del ruido dentro y alrededor de los centros escolares.
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12. Educación infantil temprana
En cuanto a la educación de 0-3, el Comité propone asignar recursos suficientes a la educación infantil, de modo que el acceso a este ciclo no dependa de la situación ecónomica de las familias; ampliar su provisión pública en zonas rurales, y elaborar un plan estatal para la inclusión educativa y contra la segregación de niños y niñas gitanos y migrantes.
13. Juego y espacios públicos
Finalmente, una cuestión “absolutamente directa” para los municipios es el tema del esparcimiento, el ocio y los espacios públicos. Deben proporcionar espacios gratuitos seguros, accesibles, inclusivos, no discriminatorios y libres de humo para el juego y la socialización de los niños y niñas, así como transporte público para acceder a dichos espacios.
