Crédito: Jose carlos Cerdeno
- El proyecto de ley aprobado por el Congreso impulsa un modelo basado en los derechos, la vida en comunidad y la autonomía personal, con avances específicos para la infancia con discapacidad y sus familias
El pasado 14 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma la normativa de dependencia y discapacidad. Dicha reforma, pendiente de tramitación definitiva, prevé más financiación, menos trámites y una mayor compatibilidad entre ayudas y prestaciones.
Entre las novedades está el compromiso de que la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcance el 50%, además de una reorganización del sistema con un enfoque basado en los derechos, la autonomía personal y la vida en comunidad, según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Participación infantil inclusiva y de calidad: que ningún niño o niña quede fuera
¿Qué aspectos de esta reforma afectarán a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad? El texto del proyecto ley especificaba que la infancia y adolescencia se beneficiarán, como el resto de la población, de las mejoras en las prestaciones de atención a la dependencia que contempla la norma. Destaca que esta reforma responde al nuevo artículo 49 de la Constitución, que establece específicamente que “se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.
En cuanto a las familias, también se beneficiarán según el texto, ya que la reforma protege el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia y también garantiza medidas de acción positiva para las familias con personas con discapacidad.
“Esta reforma viene del trabajo orientado al cambio de modelo, la vida en comunidad, la desinstitucionalización y la vida elegida”, dice Patricia Bezunartea
Para el Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta reforma refleja un incremento de la mirada de la infancia en las políticas del Gobierno. Es lo que señala Patricia Bezunartea, directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, en su participación en el Séptimo Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia: “Esta reforma viene de todo un trabajo que hemos hecho orientado al cambio de modelo, la vida en comunidad, la desinstitucionalización, las alternativas, la vida elegida y dar oportunidades a las personas”.
Tras la pandemia, añade, los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitieron poner en marcha proyectos piloto que impulsaron nuevos servicios e identificaron prácticas innovadoras, muchas de las cuales se incorporan ahora a la cartera de servicios en el ámbito de la discapacidad.
La reforma es un ejemplo de cómo cambian las políticas cuando las ayudas dejan de entenderse como simples prestaciones y pasan a reconocerse como derechos
Para ella, esta reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es un ejemplo de cómo cambian las políticas cuando las ayudas dejan de entenderse como simples prestaciones y pasan a reconocerse como derechos. A su juicio, este enfoque genera derechos estructurales, mejora el trato institucional, hace que las ayudas sean más eficaces y reduce la carga burocrática para las personas y las familias.
Crédito: Jordi Mora Igual
Las ayudas de emergencia dejan de tramitarse como subvenciones
Un cambio importante que incorpora la reforma afecta a las ayudas económicas de emergencia social. Aprovechando la tramitación del proyecto de ley, el Gobierno introduce una modificación de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para que estas prestaciones dejen de estar sometidas al régimen general de las subvenciones cuando sean gestionadas por los servicios sociales de las administraciones competentes.
Como explica Bezunartea, que estas ayudas sean subvenciones supone que cualquier ayuda de emergencia se somete al mismo procedimiento que una subvención que se da a una entidad al tercer sector o empresa: hay que hacer solicitud, argumentar la necesidad, alguien tiene que validarlo, tiene examinar la documentación, las intervenciones municipales tienen que validar la ayuda, dar el OK, someterte a un proceso de justificación, etc. “Supone muchas dificultades”.
La reforma incorpora una disposición que modifica la Ley General de Subvenciones para que las ayudas de emergencia social puedan regularse como prestaciones sociales y no como subvenciones
Además, si una familia tiene deudas no puede recibir subvenciones, “y la realidad de muchas familias es que tienen deudas (como una multa o un impuesto que no han podido pagar)”. Pone el ejemplo de que si una familia necesita una ayuda urgente para evitar un corte de luz puede tardar varios meses en recibirla; si pide dinero prestado para solventar la urgencia, ya no recibiría la ayuda.
Por eso, esta es una reclamación histórica de los servicios sociales que recoge la reforma. Incorpora una disposición final que modifica el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones para excluir de su ámbito las ayudas económicas de emergencia social gestionadas por los servicios sociales, de manera que puedan regularse como prestaciones sociales y no como subvenciones. El texto también insta a las comunidades autónomas a adaptar su normativa para avanzar en ese mismo modelo, con el objetivo de agilizar la respuesta a las situaciones de urgencia y reducir las trabas administrativas para las familias
Un cambio de paradigma
Desde Plena Inclusión España, movimiento asociativo por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, califican la reforma como “un avance para toda la sociedad”. “Supone una amplia reforma que ensancha el marco de derechos de toda la ciudadanía, pero muy especialmente de las personas con discapacidad y sus familias y dentro de ellas la infancia y el entorno familiar”, opina su director, Enrique Galván.
Para la entidad, esta iniciativa pone el foco en problemas muy actuales y preocupantes como la institucionalización de la infancia vulnerable, e incorpora muchas demandas del sector. Reconoce el papel de liderazgo del CERMI y sus organizaciones, que ha impulsado el trabajo en red, así como la lucha de la sociedad civil organizada.
Participar: un derecho que incluye a la infancia con discapacidad
Sobre los avances que consideran más relevantes, la entidad destaca el cambio de paradigma que introduce la norma al situar los derechos de las personas por encima de la gestión de prestaciones y dejar atrás “un modelo frío y administrativo, que no siempre considera la historia, el contexto de la persona, sus elecciones, voluntad y preferencia también de la infancia”.
Otro de los pilares de la reforma es el refuerzo de la vida en comunidad. Para Plena Inclusión, “los hogares deben tener las condiciones necesarias para el confort, la accesibilidad y la intimidad que hagan posible un crecimiento en armonía”. Valoran positivamente que la ley contemple el apoyo a las familias para que puedan conciliar el trabajo y los cuidados, la accesibilidad cognitiva y el concepto de buen trato, “no como ausencia de violencias sino de la construcción de vínculos significativos y de apoyo para la maduración personal y social”.
Plena Inclusión destaca el aspecto comunitario: “Los hogares deben tener las condiciones necesarias para el confort, la accesibilidad y la intimidad que hagan posible un crecimiento en armonía”.
Otros aspectos de la ley que consideran positivos son la educación inclusiva o la universalización de la atención temprana, “una demanda histórica por su importancia para el desarrollo de los niños y niñas y también de sus familias”.
En cuanto al papel de las entidades locales en ámbitos como la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, los servicios sociales y los apoyos comunitarios, la entidad considera que son fundamentales para impulsar servicios comunitarios accesibles y cercanos. Explican que el proyecto MICASA: una vida en comunidad, desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, demostró que la implicación de los ayuntamientos resulta esencial para mejorar la accesibilidad, crear oportunidades de participación y fortalecer los vínculos comunitarios.
Proyectos como MICASA demuestran que la implicación de los ayuntamientos es esencial para mejorar la accesibilidad, crear oportunidades de participación y fortalecer los vínculos comunitarios
“Sabemos la importancia de crecer en un hogar, frente a crecer en una institución”, dicen. Por tanto, defienden cierta descentralización de las políticas de apoyo a las personas donde lo local “sepa asumir ese liderazgo de pasar de ser una ventanilla a promotor de la vida de las personas de las familias y las comunidades”. En ese proceso, añaden, los centros educativos también desempeñan un papel esencial como instituciones abiertas y dinamizadoras de la comunidad.
