© UNICEF/UN069357/Romenzi

En situaciones de conflicto, desastre o emergencia los derechos recogidos en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño suelen tener menos prioridad que el suministro de alimentos, de albergues y de medicamentos.

Así lo indica el Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 17, de 2013,  advirtiendo que “las oportunidades para el juego, la recreación y la actividad cultural pueden tener una importante función terapéutica y de rehabilitación y ayudar a los niños a recuperar la sensación de normalidad y la alegría después de sus experiencias de pérdida, desplazamiento y trauma”.

Así lo acaban de constatar también los investigadores de la Asociación Internacional por el Derecho de Niños y Niñas a Jugar (IPA, por sus siglas en inglés). A partir del trabajo de campo realizado entre refugiados sirios en Oriente Medio, en zonas afectadas por radiación nuclear en Japón o en algunos de los barrios más deprimidos de las grandes ciudades asiáticas, la organización se propone demostrar empíricamente la observación del Comité.

En una reunión mantenida en Estambul hace ahora tres años, la IPA decidió poner en marcha una línea específica de actuación para desarrollar recursos y proyectos destinados a facilitar el derecho de los niños a crecer como tales incluso en las circunstancias más difíciles, desde conflictos armados como el de Siria hasta grandes desastres naturales como los tsunamis y terremotos registrados en la región de Asia Pacífico.

La IPA, constituida en 2011 y presente en numerosos países —entre ellos, España—, acaba de publicar un informe para dar cuenta de los avances logrados, destacando dos actividades específicas dentro de un programa denominado Acceso a Jugar en Crisis (APC, por sus siglas en inglés): un proyecto internacional de investigación y un conjunto de herramientas dirigidas a empleados, gerentes y encargados de formular políticas públicas.

Los investigadores que han participado en estos proyectos han desarrollado su trabajo en Tailandia con migrantes legales e ilegales procedentes de Burma empleados en el sector pesquero en la ciudad de Bangkok; en India, con niños de la calle que malviven junto a las vías del tren a orillas del Ganges a su paso por Calcuta; en Japón, en las zonas afectadas por la radiación tras el desastre de Fukushima de 2011; en Nepal, con niños y niñas de los distritos más perjudicados por el terremoto de 2015; en barrios pobres de Turquía en los que conviven ciudadanos turcos, personas de etnia gitana y refugiados sirios; y en Líbano, país que acoge algunos de los mayores campos de refugiados sirios.

Theresa Casey, presidenta de la organización, afirmó recientemente en la presentación del informe de progresos que la organización mantiene “un fuerte compromiso para continuar los esfuerzos dirigidos a garantizar que los niños, aún en las circunstancias más difíciles, tengan acceso a las oportunidades de jugar a las que tienen derecho”.

Los avances obtenidos se han ido poniendo en común en reuniones periódicas mantenidas en Estambul, Delhi y Londres. El próximo mes de septiembre la ciudad canadiense de Calgary acogerá la conferencia mundial de la IPA y será entonces cuando la organización dé a conocer públicamente los resultados de los proyectos de investigación. Todo ello con el objetivo de garantizar el derecho a jugar de todos los niños y niñas en cualquier situación, también en tiempos de crisis.

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