La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una organización internacional que agrupa a 30 de las mayores urbes del territorio iberoamericano, entre ellas Barcelona y Madrid, donde tiene su sede permanente. Desde 2009, la UCCI cuenta con un Comité Sectorial de Infancia y Educación, cuyos miembros se reúnen periódicamente para promover el cuidado integral, la atención, la protección y la defensa de la infancia en los espacios urbanos.
En su última reunión, celebrada este año en La Paz (Bolivia), las ciudades iberoamericanas reivindicaron su papel como agentes de primer nivel en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la vida de cada niña y niño que vive en la ciudad. Por eso, afirmaron que los planes y programas orientados al cuidado y protección de la primera infancia deben estar alineados con los ODS incluidos en la Agenda 2030, de modo que la atención a la primera infancia sea asumida como prioridad de las políticas estatales y municipales. También acordaron generar institucionalidad (normativa, recursos humanos y tecnología) que permita evaluar las políticas y acciones que cada ciudad priorice en su aplicación.
El secretario general de la UCCI, Antonio Zurita, expuso estas y otras conclusiones del Comité Sectorial de Infancia en el IV Congreso Ciudades Amigas de la Infancia, celebrado hace apenas un mes en Madrid. En su intervención en la mesa sobre alianzas, Zurita propuso un heptálogo de medidas para transformar esas buenas intenciones en políticas públicas sostenibles a favor de la infancia, siete pilares fundamentales para hacer realidad el enfoque de derechos de infancia en las acciones de los gobiernos locales:
Heptálogo
1. Voluntad política; es imprescindible que los alcaldes y alcaldesas crean en la importancia del protagonismo de la infancia y la adolescencia para el desarrollo social.
2. Capacidad técnica: la voluntad política debe ir acompañada de profesionales cualificados que dediquen su esfuerzo a gestionar bien las iniciativas impulsadas a favor de los niños y niñas. Es fundamental invertir en unidades técnicas capacitadas.
3. Alianzas internas y externas: las primeras, entre las distintas áreas de un gobierno local, favorecen el que se entienda la transversalidad de las políticas de infancia. Las segundas, teniendo en cuenta el tejido asociativo de las ciudades, sirven para interactuar con entidades del tercer sector que, de manera consensuada, en muchos casos se encargarán de poner en marcha las iniciativas que tienen que ver con políticas públicas.
4. Recursos: la voluntad política también debe ir acompañada de dotación de recursos propios. La capacidad técnica, por su parte, puede ayudar a captar recursos externos, por ejemplo en el ámbito de la Unión Europea.
5. Marco normativo favorable. No solamente a nivel estatal, también es una responsabilidad interna de los gobiernos locales.
6. Participación de la ciudadanía global para avalar, a través de los consejos de participación, esas políticas que apoyan a la infancia y a la adolescencia. Una participación que sirva para blindar esas acciones ante posibles cambios políticos en los gobiernos locales, impidiendo que sean derogadas.
7. Comunicación y evaluación de las acciones emprendidas. Si no se comunica lo que se está haciendo, la ciudadanía no lo va a saber. Si no hay evaluación, no hay corrección de errores y difícilmente se puedan respaldar esas políticas en momentos de crisis.
Como corolario, Zurita reclamó más competencias y más recursos para los gobiernos locales. Servicios sociales comunitarios vinculados con los servicios sociales especializados. Invertir más en prevención y educación y, en contextos de crisis, aumentar la protección social y la solidaridad.