La mutilación genital femenina (MGF) es, probablemente, la forma más extrema de violencia contra la mujer. Se estima que al menos 200 millones de niñas y mujeres de 15 a 49 años la han sufrido en el mundo y, salvo que se tomen medidas para abolirla, 68 millones de niñas habrán sido sometidas a esta práctica en en año 2030.
Afortunadamente, existe una tendencia que da esperanza: en las últimas dos décadas se ha duplicado el número de niñas y mujeres que desean poner fin a esta práctica nociva, principalmente las más jóvenes, según este análisis publicado por UNICEF. Pero el informe lanza otro dato preocupante: muchas de las niñas y mujeres sometidas a la también llamada ablación lo hicieron a manos de personal médico. Aproximadamente una de cada cuatro niñas y mujeres que han sufrido mutilación genital femenina (o 52 millones de niñas y mujeres en todo el mundo) fue mutilada por personal sanitario. Una práctica, la de medicalizar la MGF, que no elimina el peligro que representa para las mujeres, recuerda UNICEF.
“Las condiciones en las que se practican son tan nefastas que algunos han dicho: mejor que se realice en ámbito sanitario. Pero si medicalizamos esas prácticas estamos reforzándolas”, ha opinado Ana Saenz de Uturi, pediatra de atención primaria de la CAM, durante la jornada contra la Mutilación Genital Femenina celebrada el 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Protocolos para prevenir la ablación en España
En España viven unas 69.000 mujeres procedentes de países donde se practica la MGF, y de todas ellas unas 18.000 son niñas menores de 14 años, según un estudio realizado por la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2016. En el año 2015, el Ministerio de Sanidad presentó el Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en el Sistema Nacional de Salud, donde se unifican las instrucciones que recibe el personal sanitario cuando sospechan que hay riesgo.
Para Sáenz de Uturi, la prevención de esta práctica “debe realizarse desde una perspectiva multidisciplinar. Es fundamental el seguimiento de los casos de riesgo desde el ámbito familiar, sanitario, formativo, social, policial…”. Como pediatra ha opinado que la atención primaria es “una figura clave” a la hora de detectar si puede darse un caso, debido a aspectos como la cercanía, la atención continuada en el tiempo y por la coordinación con otros profesionales. Deben tenerse siempre en cuenta los factores de riesgo: que la niña tenga menos de 15 años, que pertenezca a un país o etnia donde se realice la ablación, que tenga una madre o hermanas que ya la hayan sufrido, etc.
Si los profesionales sanitarios detectan riesgo de que se produzca la MGF, pueden valorar tomar medidas como ponerse en contacto con el colegio o hablar con las familias. En ese caso pueden enfrentarse a dificultades como las barreras de idioma o el desconocimiento por parte tanto de las propias mujeres como de los profesionales. “No es un tema que se aborde de forma natural”, ha recordado Sáenz de Uturi, recordando que entre los profesionales existe a veces falta de información y preparación.
Dado que se trata de una práctica ilegal en España, en muchos casos las niñas son mutiladas durante viajes a sus países de origen; por eso, una de las medidas es animar a las familias a que avisen cuando tengan previsto alguno, e incluso se les pide firmar un documento de compromiso preventivo, en el que aceptan no realizar la ablación a sus hijas. “Sirve como respaldo o apoyo a las familias que desean no mutilar”, explica Sáenz de Uturi; “es un respaldo ante su comunidad. Es absolutamente voluntario por parte de las familias”.
En el caso de encontrarse con una familia que no quiere colaborar y no se compromete a proteger a la niña, “nos comunicamos a un trabajador social, con un mediador o grupo de apoyo”, explica la pediatra. En situación de urgencia, con la Fiscalía o el Juzgado de Guardia.
“Un caso de MGF es un fracaso de todas las instituciones”
En 2013, cuatro niñas que vivían en el País Vasco se fueron de vacaciones al país de origen de sus familias y al regresar se les habría practicado a las cuatro la mutilación genital. A partir de ahí, todas las instituciones decidieron crear un protocolo común que, a día de hoy, está en vigor en todo el País Vasco. “El modelo es igual para todos. Se basa en el enfoque es de género y sobre todo el del interés del menor”, ha explicado durante la jornada Xavier Peña Coca, subcomisario responsable de violencia de género en la Comisaria de la Ertzaintza de Donostia.
Para él, es importante la coordinación de todas las instituciones, en lo que ha definido como una red de araña de colaboración en la que la policía es el último estamento que interviene. “El éxito es la prevención”, ha opinado. “Si sucede un caso de mutilación genital femenina es un fracaso de todas las instituciones”.
La policía puede intervenir en los casos de riesgo más elevado, por ejemplo si la familia de la niña se niega a colaborar. Sin embargo, en la experiencia de Peña Coca, “la mayoría de las familias son permeables a la información y firman el documento de forma voluntaria”. Los datos abalan el sistema de prevención: en los últimos cinco años no ha habido ningún caso de personas que vivan en País Vasco que durante un viaje les hagan la MGF, ha aseverado.
Para abordar las dificultades que se encuentran los profesionales “lo importante es que trabajemos todos coordinados (colegios, sanidad, servicios sociales, policía…) para que no se nos escape ningún caso”, ha insistido el subcomisario.
El papel de las asociaciones y ONG en la lucha contra la MGF
La práctica de la ablación se realiza, principalmente, debido a la presión social, según ha subrayando durante la jornada Rosa López Sánchez, Coordinadora de Inclusión Social de Médicos del Mundo en Castilla La-Mancha. Precisamente por eso el trabajo en grupo es tan importante. Desde su organización se interviene con la población de riesgo de forma individual y grupal, y en este caso se abordan otros temas iniciales, como la salud sexual, los métodos anticonceptivos o la prevención del SIDA. “A partir de ahí empezamos a introducir el tema de la mutilación genital”, ha explicado López Sánchez, apuntando que trabajar con un mediador es crucial.
A pesar de la reticencia inicial, “las mujeres quieren hablar del tema”, ha asegurado. “Es una realidad para ellas de la que nunca han hablado. Algunas dicen: no lo he hablado nunca ni con mi madre, ni con mis hermanas, ni con mis hijas…”. Al abrirse y hablar, se producen cambios. “Cuando llevábamos un año de trabajo, una mujer dijo que quería mutilar a su hija, y otra le dijo: ‘Si la mutilas tú vas a ser la discriminada y tu hija también’”, ha recordado.
También trabajan con hombres y con chicas adolescentes. Contar con el protocolo de actuación aprobado en 2017 fue, ha añadido, un gran apoyo: es su marco de actuación. López Sánchez ha contado la experiencia que se ha llevaod a cabo en el municipio de Recas, en Toledo, donde se ha creado un grupo de trabajo interdisciplinar para sensibilizar sobre la mutilación genital femenina. “Se han prevenido siete casos, que son todos los casos de niñas que se ha sabido que iban a su país por vacaciones”, ha contado López Sánchez. Ha destacado que hay familias que ya les conocen, lo que facilita el proceso, pero ha añadido que fue muy importante la implicación del colegio, que es quien avisa del riesgo y activa el protocolo. “Hubo el caso de un padre que sí que quería mutilar a su hija; era el motivo del viaje. Se logró intervenir. La familia se concienció, que es la clave. Si la niña decide no viajar pero la familia no tiene convencimiento, no ven la importancia de la no mutilación”, ha apuntado.