Giu Vicente / Unsplash
A pesar de que la tecnología transita cada vez más deprisa hacia formatos multidimensionales, desde el punto de vista de los derechos de infancia el entorno digital sigue siendo básicamente un espacio con dos caras: en una están las oportunidades, en la otra los riesgos.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en particular internet, son una herramienta importante para la educación y socialización de los niños. Les permiten afirmar sus derechos y expresar sus opiniones, multiplican sus opciones para comunicarse favoreciendo el intercambio cultural y además son una gran fuente de entretenimiento.
Al mismo tiempo, las TIC intensifican los riesgos asociados tradicionalmente a la etapa de la niñez, materializados en fenómenos como el ciberacoso, el engaño pederasta, el abuso sexual, la explotación comercial o el reclutamiento online para cometer actos delictivos.
En el continente europeo, donde más del 90% de los jóvenes tiene acceso a internet, el Consejo de Europa acaba de emitir una recomendación a los países miembros que incluye diversas claves para prevenir los peligros y salvaguardar los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito digital.
Bajo el título “Cómo mejorar el respeto, la protección y hacer efectivos los derechos de los menores en el medio digital“, el documento aprobado por el Consejo de Ministros de este organismo con sede en Estrasburgo insta a los 47 Estados miembros a revisar su legislación, políticas y prácticas para garantizar que se aborden adecuadamente toda la gama de derechos de los menores. Basándose en instrumentos jurídicos europeos e internacionales, el texto proporciona a los gobiernos las directrices para potenciar la cara y prevenir la cruz del uso de las TIC en edades tempranas.
Recomendaciones
Entre otras medidas, el Consejo recomienda a los países europeos que impulsen las acciones necesarias para que la comunidad empresarial y otros actores interesados no solo cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sino que también rindan cuentas en los casos de abuso.
El acceso deficiente al entorno digital, se explica en el documento, puede afectar la capacidad de los niños para ejercer plenamente sus derechos humanos. Por tanto, una de las claves de la acción estatal debe ser garantizar que los más pequeños tengan un acceso adecuado, asequible y seguro a los dispositivos, así como asegurar que haya una buena conectividad (gratuita en algunos espacios públicos). También se destaca la importancia de proporcionar a la infancia y adolescencia contenidos de alta calidad hechos a su medida, a fin de contrarrestar la incitación al odio y la violencia. Además, se debe proteger a los más pequeños de una exposición prematura al entorno digital
El Consejo de Europa recuerda a los países que deben garantizar los derechos de los niños a tener y expresar cualquier punto de vista, sin importar si sus opiniones son recibidas favorablemente por el Estado u otras partes interesadas. Como creadores y distribuidores de información, los niños y niñas deberían ser informados adecuadamente por las autoridades sobre cómo ejercer su derecho a la libertad de expresión en el entorno digital respetando los derechos y la dignidad de los demás. La formación en derechos y responsabilidades serviría además para prevenir acciones no deseadas, como violaciones al derecho de propiedad intelectual.
Los Estados también deberían tomar medidas para proteger el derecho al juego y a otras formas de socialización, así como para fomentar la participación, la inclusión, la ciudadanía digital y la resiliencia tanto en la red como fuera de ella. Entre otras cuestiones, las recomendaciones incluyen la protección de la privacidad, la no prohibición del anonimato o pseudónimo y la prohibición por ley del perfil de menores para analizar o predecir sus preferencias personales, así como mayores recursos educativos para fortalecer la comprensión crítica de ese colectivo
Para facilitar la aplicación de todas estas directrices, el documento insta a los Estados a fortalecer la cooperación en los órganos intergubernamentales pertinentes y a través de las redes transnacionales y otras organizaciones internacionales.
