El Plan contempla una inversión de 20 millones de euros en el período 2014-2018 e incidirá en las situaciones de riesgo social para detectar posibles malos tratos, abusos contra menores de 18 años, absentismo escolar y drogas. Cuando los profesionales de los servicios sociales detecten tales situaciones, se pondrá en marcha un protocolo de actuación.
La observación general 26 aborda el derecho del que dependen los demás derechos de la infancia
El documento da a los estados recomendaciones específicas para proteger el futuro de la infancia frente al cambio climático