El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de comunicaciones protege expresamente el derecho de los niños a buscar reparación a las violaciones de sus derechos. Con la ratificación realizada hoy por Costa Rica, este instrumento jurídico fundamental entrará en vigor en abril de 2014.
Según este nuevo protocolo, los niños podrán, como individuos o en grupo, presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño sobre violaciones específicas a sus derechos en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo relativo a los niños en los conflictos armados y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
El Tercer Protocolo Facultativo fortalecerá la rendición de cuentas, no sólo al ayudar a determinar las lagunas en los sistemas judiciales relativos a los niños a nivel nacional, sino también al apoyar a las instituciones independientes de derechos humanos de la infancia, como se pide en la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el marco del nuevo Protocolo, sólo aquellos niños cuyos gobiernos hayan ratificado el Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones pueden presentar sus quejas ante el Comité de la Convención. Los países que han ratificado el Protocolo Facultativo hasta la fecha son: Albania, Alemania, Bolivia, Costa Rica, Gabón, Eslovaquia, España, Montenegro, Portugal y Tailandia.
El Comité de los Derechos del Niño podrá tomar medidas para proteger a los niños que presenten denuncias contra cualquier posible represalia, solicitando al Estado que adopte medidas provisionales para proteger al niño o grupo de niños. En el caso de que se llegue a la conclusión de que el Estado ha violado la Convención, el Estado estará obligado a aplicar las recomendaciones que ha realizado el Comité. El Comité de los Derechos del Niño está integrado por 18 expertos independientes de derechos humanos internacionales que supervisan la aplicación por los Estados parte de la Convención y los Protocolos Facultativos.
