El derecho a la participación infantil y adolescente está recogido como tal en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado más ratificado de la historia. En sus diferentes artículos, recoge cómo niños y niñas menores de 18 años, tienen la potestad de opinar, ser escuchados, su libertad en expresarse y en asociarse. Hace ya más de tres décadas, España ratificó la CDN.

Así el derecho a la participación infantil y adolescente debe garantizarse en cualquier circunstancia y ámbito. Si bien, la situación derivada del COVID-19 ha alterado las rutinas de todas las personas que conviven en una sociedad, el enfoque de derechos debe primar, en todos los ámbitos de su vida, para que niños, niñas y adolescentes puedan involucrarse en aquellos asuntos que les afectan.

La emergencia sanitaria requiere que se tomen medidas de distanciamiento físico. Sin embargo, las herramientas tecnológicas a nuestra disposición hacen que el mismo no deba implicar un distanciamiento social, o la desaparición de los espacios de debate y encuentro entre niños, niñas y adolescentes.

Para ello este documento ofrece algunas recomendaciones clave en diferentes ámbitos: familiar, educativo, en el sistema de protección, gobiernos locales, así como gobiernos regionales y estatal. El objetivo es que la participación no se detenga.

 

 

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