A fin de impulsar un enfoque basado en derechos humanos para trabajar con la adolescencia, el Comité de los Derechos del Niño ha publicado una nueva Observación General, la nº 20. El documento analiza la implementación de los derechos del niño durante la adolescencia, destacando que “debe tener en cuenta el desarrollo de los niños y sus capacidades en evolución”.

Para el Comité, el potencial de los adolescentes está profundamente comprometido dada la falta de reconocimiento e inversión, por parte de los Estados, para implementar medidas necesarias para que disfruten de sus derechos. A este respecto el Comité manifiesta que “Los costes de la inacción y el fracaso son altos; las bases fundamentales establecidas durante la adolescencia en términos de seguridad emocional, salud, sexualidad, educación, habilidades, resiliencia y comprensión de los derechos tendrán profundas implicaciones, no sólo para su desarrollo individual óptimo, sino también para el presente y futuro desarrollo social y económico”.

El documento reconoce que “la adolescencia no es fácil de definir y que, individualmente, los niños y niñas alcanzan la madurez a diferentes edades. El proceso de transición desde la infancia a la etapa adulta está influenciada por el contexto y el entorno, como reflejo de una amplia variedad de expectativas culturales”. Es por ello que el Comité no define la adolescencia, en su lugar se centra en el periodo de la infancia que abarca desde los 10 hasta los 18 años. Considerando esta heterogeneidad, “las políticas genéricas diseñadas para niños o jóvenes a menudo no abordan a los adolescentes en toda su diversidad (en términos, por ejemplo, de capacidades, discapacidad, orientación sexual, minorías étnicas o género, por citar algunas) y son inadecuadas para garantizar el ejercicio de sus derechos”.

Youth Forum on the theme You Development Goals: What will it take?

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Sobre su derecho a participar, el Comité enfatiza la importancia de la participación como un mecanismo político y civil de compromiso a través del cual los adolescentes pueden negociar e incidir ante el Estado a favor de la realización de sus derechos. Por ello insta a los Estados a que introduzcan medidas que aumenten las posibilidades de la participación política, que es esencial en el desarrollo de una ciudadanía activa. De esta manera se les garantiza a los adolescentes el derecho a expresar opiniones sobre todos los asuntos que les conciernen, de acuerdo con su edad y madurez, y asegurarse de que se les da el debido peso, por ejemplo en temas como salud, sexualidad, vida familiar y procedimientos judiciales y administrativos.

Sin embargo, añade el Comité, el derecho a ejercer mayores niveles de responsabilidad no suprime las obligaciones de los Estados de garantizar la protección, recordando que las personas de hasta 18 años de edad tienen derecho a una protección permanente contra toda forma de explotación y abuso.

En su Observación, el Comité considera que es importante valorar la adolescencia y sus características asociadas como un estado positivo de desarrollo dentro de la infancia. Al mismo tiempo lamenta que la generalizada caracterización negativa de la adolescencia limite las intervenciones a un enfoque basado en la resolución de problemas, en lugar de un compromiso para construir un ambiente óptimo que garantice los derechos de los adolescentes y apoye el desarrollo, físico, psicológico, espiritual, social, emocional, cognitivo, cultural y económico de sus capacidades.

Sobre las medidas a tomar, el Comité anima a los Estados a:

  • Diseñar estrategias nacionales, amplias y multisectoriales, basadas en la Convención sobre los Derecho de los Niños, centradas en la adolescencia, dirigidas hacia las causas estructurales económicas y sociales subyacentes en la violación de los derechos de los adolescentes.
  • Hacer un seguimiento a las medidas, asegurándose de que los derechos de los adolescentes son respetados en la legislación, la política y los servicios.
  • Recopilar datos desagregados, como mínimo, por edad, sexo, discapacidad, etnia y condiciones socioeconómicas.
  • Comprometer un presupuesto transparente para asegurar que los adolescentes sean debidamente considerados al equilibrar las prioridades de gasto y el cumplimiento de los principios de suficiencia, efectividad, eficiencia e igualdad.
  • Capacitar a los profesionales que trabajan con y para los adolescentes sobre la Convención y sus obligaciones asociadas.
  • Difundir información accesible sobre los derechos del niño y los mecanismos para ejercerlos mediante, entre otras cosas, el currículo escolar, los medios de comunicación, incluidos los medios digitales y los materiales de información pública, haciendo esfuerzos especiales para llegar a los adolescentes en situaciones de riesgo o exclusión social.

RECURSOS

 

Paola Bernal. Técnica de proyectos. Políticas Municipales de Infancia y Participación

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