Los temas de infancia despiertan interés y rechazo a partes iguales en el Congreso de los Diputados. Según la herramienta TIPI, impulsada por el Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo (CIECODE) para promover políticas públicas orientadas a la lucha contra la pobreza y a la promoción de la justicia social, la infancia es la más popular de las 21 áreas temáticas que rastrea esta aplicación entre todas las actividades que se desarrollan en el Congreso. Le siguen la sanidad, el empleo y los asuntos de género. Al mismo tiempo, la infancia lidera también el ranking de iniciativas rechazadas por la Cámara, con un total de 24, seguida de empleo, con 14, y conflictos internacionales, con 11.
En cierto modo, esta contradicción tiene su reflejo en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia constituida el pasado mes de septiembre: si bien es un espacio donde se debaten abiertamente los problemas que afectan y preocupan a los niños y niñas y donde se busca darles solución, su carácter no legislativo dificulta el posterior desarrollo normativo de las propuestas que se puedan derivar de su actuación.
Por eso mismo, las representantes de las ONG de infancia que comparecieron ayer ante la Comisión señalaron la necesidad de que ésta sea dotada de rango legislativo, de manera que sus peticiones sean susceptibles de convertirse en ley.
Una ley de protección integral
Pero María Jesús Rodríguez, responsable de Sensibilización de Aldeas Infantiles SOS, Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children España, y María Sevilla, Presidenta de la Asociación Infancia Libre, aprovecharon especialmente su comparecencia ante los parlamentarios para pedir al Gobierno el desarrollo de una ley orgánica de protección integral de la infancia como mecanismo para combatir cualquier tipo de violencia contra los menores en los ámbitos familiar, escolar y virtual.
Una futura ley en cuya elaboración están implicados representantes de las administraciones, la sociedad civil y las entidades sociales a través de un grupo de trabajo liderado por Save the Children y del que forma parte UNICEF España. Precisamente, en línea con el objetivo de desarrollar un nuevo marco jurídico que proteja a los menores de forma integral, UNICEF está centrando sus esfuerzos en visibilizar a los niños y niñas envueltos en el fenómeno de la trata en nuestro país.
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María Jesús Rodríguez
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Ana Sastre
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María Sevilla
“Queremos que haya una ley que sea el elemento vertebrador que impulse y, sobre todo, que conciencie socialmente de la importancia y la necesidad de este tema, algo como lo que ha ocurrido con la ley de la violencia de género”, declaró Ana Sastre en su intervención ante los miembros de la Comisión.
La representante de Infancia Libre, María Sevilla, destacó que esta ley debe incluir la violencia de género y no ser ambigua primando intereses. “Siempre que haya duda debe primar el interés superior del menor por encima del adulto”, reclamó Sevilla. Sin embargo, para reducir el margen de error lo máximo posible, “es necesario tener datos de las denuncias que existen en los juzgados”. Datos que, actualmente, “no existen”, afirmó.
Por su parte, la representante de Aldeas Infantiles abogó por la construcción de un Pacto de Estado por la Infancia que sería la clave para la elaboración de una ley contra cualquier forma de violencia infantil. “Con un Pacto —afirmó María Jesús Rodríguez—, evitaremos que los niños puedan verse de nuevo afectados en una futura crisis”.
Respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, las comparecientes denunciaron que, tras la crisis, han quedado “desprotegidos” y en “riesgo de exclusión” sin que el Gobierno ni la Justicia “haya hecho las actuaciones necesarias” para que la crisis económica no afectara a los que consideran el “colectivo más vulnerable” de la sociedad.
“Hemos podido observar y detectar en los últimos años un grave aumento en el número de niños en situación de riesgo o exclusión en España”, alertó la representante de Aldeas Infantiles SOS, que criticó que este hecho “no se ha visto acompañado siempre de las medidas políticas, económicas y sociales que se necesitaban”. Además, Rodríguez señaló que el sistema de prestaciones en nuestro país tiene una baja intensidad protectora para las familias más vulnerables y gran parte de las necesidades de la infancia aún permanecen invisibles.
Acabar con la violencia
Respecto al problema de la violencia, Ana Sastre denunció que “los datos y la realidad de la que somos parcialmente testigos a través de los medios, con un número insoportable de casos de abuso y explotación sexual infantil, violencia de género, acoso escolar, prostitución y otras formas de violencia hacen de nuevo urgente exigir al gobierno que desarrolle un marco jurídico para acabar con esta lacra social.”
Según advirtió esta experta, “muchos niños sufren violencia en nuestro país y no estamos siendo capaces de protegerles”. Para Sastre, la violencia más preocupante es la que no se ve, ya que los niños tienen dificultades para identificarla pues, normalmente, suele producirse en su entorno más cercano: “Quien le tiene que proteger, le agrede”, afirmó.
La violencia en el entorno familiar fue uno de los ejes sobre los que giró la intervención de María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre, quien relató a los parlamentarios tres casos de entre los cientos que su organización atiende. En su exposición, Sevilla alertó sobre la falta de especialización de los equipos psicosociales que atienden a los menores maltratados cuyos testimonios, en su mayoría, no son considerados y se obliga al menor a tener contacto con su agresor.
Según Sevilla, los profesionales que forman los equipos psicosociales “no están capacitados”, pues son licenciados en psicología pero sin ninguna formación en infancia o en abusos sexuales. Además, reclamó que estos grupos no estén adscritos a ningún juzgado, pues es normal que entre ellos mantengan relación personal diaria, incluido el juez, lo que, a su juicio, puede llevar a una falta de imparcialidad del mismo.
Se trata de la segunda vez que representantes de organizaciones de infancia acuden a la Comisión a exponer la situación de la infancia y la adolescencia e España. Anteriormente habían comparecido la directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de Unicef, María Teresa Pacheco, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, y la directora general de Plan España, Concepción López.
